El Gobierno nacional concretó este proceso de desestatización al adjudicar la empresa de distribución de agua y saneamiento cloacal al holding compuesto por los grupos Rowing, Arcos, Transclor y PHX, que ofertó un total de 340,2 millones de dólares. La propuesta ganadora superó por un margen significativo a la presentada por la firma Roggio, que había ofrecido 285 millones de dólares para quedarse con la operación de la compañía que presta servicios en la región metropolitana.
La operación marca un hito en la gestión económica actual y representa el traspaso de mayor envergadura económica desde el inicio de la administración de Javier Milei. Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo nacional argumentó la decisión al calificar la etapa anterior de la empresa como un modelo de disfunción administrativa, señalando que entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares sin lograr una cobertura total en los distritos concesionados.
Por su parte, los representantes del consorcio adjudicatario expresaron su satisfacción por haber ganado la compulsa y ratificaron el compromiso contractual asumido para los próximos años. Desde el holding comprador detallaron los montos previstos para reactivar la infraestructura del servicio en los partidos alcanzados por el área de cobertura, que abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y veintiséis municipios del conurbano bonaerense.
La oferta presentada superó casi en un veinte por ciento a la del competidor y contempla un plan de obras basado en la mejora sustancial de la calidad del servicio, asumiendo el compromiso contractual de invertir casi dos mil millones de dólares en los primeros cinco años de la concesión
Inversiones proyectadas y metas de expansión a largo plazo
El nuevo esquema de concesión, pactado por un período de treinta años con opción a prórroga, establece un riguroso plan de acción que contempla miles de millones de pesos destinados a obras de infraestructura, mantenimiento preventivo y mejoras operativas. Las autoridades explicaron que las obligaciones financieras están atadas a metas concretas de expansión para garantizar el acceso al agua potable y a las redes cloacales en sectores vulnerables del conurbano.
En paralelo, el diez por ciento restante del paquete accionario continuará en poder del programa de propiedad participada gestionado por el sindicato del sector, mientras que el pasivo financiero remanente de la compañía será absorbido en su totalidad por los nuevos adjudicatarios. Para la culminación formal del proceso resta únicamente la revisión final por parte de la Comisión de Evaluación, un paso administrativo previo a la toma de control definitiva del operador técnico internacional designado.
