El Poder Ejecutivo nacional elevó al Parlamento el proyecto de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que busca modificar de raíz los requisitos de acceso, los controles y las incompatibilidades de las Pensiones No Contributivas (PNC). El debate se instala en el centro de la agenda pública tras cuestionamientos oficiales sobre la legitimidad de una porción significativa del padrón vigente y la necesidad de ajustar el gasto fiscal.

La propuesta surge en un escenario de fuerte tensión política y cruces discursivos entre el oficialismo y sectores de la oposición legislativa. Desde la administración central argumentan que el esquema actual arrastra décadas de distorsiones y que una gran cantidad de beneficios fueron otorgados sin los controles médicos ni socioeconómicos adecuados. En contrapartida, las organizaciones sociales y bloques opositores advierten sobre el riesgo de vulnerar derechos adquiridos de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Las claves de la medida y los cambios proyectados

El texto remitido al Poder Legislativo introduce modificaciones sustanciales en la forma en que el Estado evalúa, otorga y sostiene estas prestaciones sociales en todo el territorio nacional. Entre los puntos más destacados se encuentran los siguientes:

  • Requisito de invalidez laboral: Se deja atrás el criterio genérico para exigir que la persona acredite médicamente una imposibilidad total y permanente para trabajar, además de cumplir con nuevos parámetros económicos.
  • Reempadronamiento obligatorio: Todos los actuales titulares de PNC por invalidez deberán someterse a una revisión integral, presentar documentación actualizada y someterse a nuevos exámenes médicos bajo apercibimiento de suspensión.
  • Incompatibilidad con el empleo: El proyecto elimina la normativa actual que permitía percibir el beneficio de manera conjunta con ingresos formales por trabajo registrado, estableciendo un esquema de exclusividad.
  • Monto de la prestación: La iniciativa fija formalmente que el haber mensual equivaldrá al setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio vigente en el sistema previsional integrado.

En los próximos días, el proyecto comenzará a transitar el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se espera una discusión compleja debido al impacto social que genera la revisión de padrones en sectores vulnerables y la resistencia de distintos bloques a convalidar recortes en las prestaciones asistenciales.