El mercado inmobiliario platense se encuentra en alerta tras desentramarse una compleja red de operaciones clandestinas que utilizaba la fachada de asesorías profesionales para concretar estafas con departamentos ubicados en zonas estratégicas de la ciudad. La maniobra, investigada por la justicia local, exponía a compradores desprevenidos a la pérdida de ahorros vitales mediante el uso de boletos de compraventa apócrifos y un entramado de simulación jurídica que operaba al margen de toda regulación legal.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el esquema delictivo comenzaba en las plataformas digitales, donde los acusados se promocionaban activamente como expertos en el sector. Atraían a potenciales clientes mediante la oferta de inmuebles a valores muy inferiores a los de mercado o con facilidades de pago inusuales para el contexto económico actual. Sin embargo, detrás de la fachada digital operaban Maximiliano Simonetti y Jimena Aguilera, quienes carecían por completo de título universitario y de la habilitación exigida por la legislación vigente para ejercer como martilleros y corredores públicos.

Un mecanismo de extorsión y simulación jurídica

El punto más crítico de la maniobra radicaba en la participación activa de un profesional del derecho que formaba parte de la estructura. Este letrado prestaba cobertura jurídica a las operaciones fraudulentas, redactando contratos y dotando a las transacciones de una falsa apariencia de legalidad para disipar cualquier sospecha inicial de los compradores. No obstante, cuando las víctimas advertían las irregularidades dominiales o intentaban avanzar en la escrituración definitiva, el mecanismo mutaba hacia la coacción abierta. Según consta en el expediente, los falsos intermediarios exigían el pago de suplementos o la aceptación de cláusulas desventajosas bajo amenazas de bloquear permanentemente la operación.

"La normativa establece con claridad que toda persona que realice actos de intermediación o corretaje debe poseer título habilitante y estar matriculada en el colegio profesional correspondiente", remarcaron fuentes del sector, advirtiendo sobre los riesgos de operar fuera de los canales formales.

Este tipo de delitos pone de manifiesto la vulnerabilidad latente en las transacciones entre particulares que prescinden de las estructuras formales y colegiadas. El Colegio de Martilleros de La Plata reitera periódicamente la necesidad de verificar la identidad y el número de matrícula de los operadores antes de entregar cualquier seña o firmar compromisos de pago. La causa judicial continúa sumando testimonios de damnificados mientras los investigadores analizan la trazabilidad de los fondos y la extensión temporal de las maniobras fraudulentas en el casco urbano.