La administración de la provincia de San Luis volvió a poner en marcha el proceso para desprenderse de uno de sus bienes más emblemáticos fuera de su territorio: el ex Palacio Lagomarsino, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Tasada en poco más de 2,9 millones de dólares, la emblemática propiedad funciona históricamente como la Casa de San Luis y su posible enajenación ya desató un fuerte cortocircuito político que anticipa el tono de la disputa electoral con vista a los comicios provinciales previstos para el año 2027.

La iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi contempla la apertura formal de ofertas para el próximo 10 de diciembre de 2026. Se trata del segundo intento oficial por concretar la operación, luego de que una subasta anterior quedara desierta a pesar de contar con autorización legislativa. El inmueble, emplazado sobre la calle Azcuénaga, arrastra costos de mantenimiento millonarios para las arcas provinciales, un argumento central que utiliza el Ejecutivo local para justificar la salida de este activo patrimonial en un contexto de restricciones financieras.

Un tesoro arquitectónico con protección patrimonial y pasado político

Construido a principios del siglo pasado por el reconocido arquitecto milanés Virgilio Colombo, el edificio constituye una joya del estilo Art Nouveau en la Ciudad de Buenos Aires. Con cuatro plantas, vitrales originales, murales y detalles ornamentales de época, el palacete no solo operó como representación oficial de la provincia cuyana desde mediados de la década de 1980, sino que también funcionó como escenario de la trastienda política nacional durante los años de fuerte peso del peronismo disidente en la región.

Sin embargo, el peso histórico y arquitectónico del lugar choca con las urgencias fiscales y las ambiciones de los diferentes actores políticos con representación institucional. La normativa vigente impone un resguardo estructural estricto sobre el inmueble, lo que limita de forma drástica cualquier intento de modificación sustancial por parte de futuros compradores privados, un factor que también condiciona el atractivo comercial de la licitación a cargo de la Caja Social y Financiera puntana.

Frente a este escenario, el senador nacional Bartolomé Abdala, referente de La Libertad Avanza en el distrito y anotado en la carrera por la gobernación, cuestionó con dureza la decisión del mandatario provincial. El legislador no solo advirtió sobre el valor estratégico y simbólico del palacete para los ciudadanos sanluisinos que viajan a la capital por cuestiones de salud o trámites, sino que redobló la apuesta al asegurar públicamente que arbitrará los medios para recomprar la propiedad con los mismos fondos de la venta si logra imponerse en las urnas dentro de dos años.

La pulseada por el futuro del palacio expone las tensiones subterráneas que conviven dentro del mapa político provincial, donde coexisten alianzas tácticas con la administración nacional y enfrentamientos directos por el control territorial. Mientras el cronograma oficial avanza hacia la fecha fijada para la recepción de sobres, el destino de la embajada puntana en Buenos Aires se consolidó como uno de los primeros ejes de debate en la extensa campaña hacia el 2027.