La administración local activó un proceso de fiscalización intensiva sobre las construcciones históricas y bóvedas emplazadas en el Cementerio Municipal de La Plata, una medida orientada a ordenar el dominio administrativo del predio de avenida 31 y diagonal 74 y recuperar espacios en desuso. La iniciativa oficial impone un plazo perentorio de noventa días corridos para que los titulares o responsables legales concreten el reempadronamiento obligatorio, una exigencia que busca actualizar los padrones internos que registran décadas de desactualización y vacíos normativos en la gestión de las concesiones.
El operativo surge en un escenario donde la capacidad operativa y espacial de la necrópolis local se encuentra al límite, una problemática histórica que afecta a los grandes cementerios públicos de la región capital. Desde el área comunal competente señalaron que el canal oficial habilitado para iniciar las gestiones documentales es la dirección de correo electrónico bovedascementerio@laplata.gob.ar, donde los ciudadanos deberán acreditar la titularidad y presentar la documentación respaldatoria que certifique el vínculo con las sepulturas. Aquellos casos que no logren ser regularizados dentro del periodo estipulado afrontarán instancias administrativas que contemplan la apertura compulsiva de las estructuras.
Recuperación de espacios y medidas de seguridad
El plan municipal no se limita a cuestiones estrictamente catastrales, sino que contempla una intervención integral sobre la infraestructura del predio. Según lo estipulado por las autoridades locales, las bóvedas cuyos responsables no comparezcan tras la notificación formal serán sometidas a procedimientos de vaciamiento, limpieza profunda, puesta en valor arquitectónico y posterior reasignación comercial por parte del municipio. Esta estrategia apunta tanto a sanear las cuentas del predio como a frenar el deterioro edilicio que afecta a numerosas construcciones centenarias debido a la falta de mantenimiento por parte de descendientes o herederos desentendidos.
En paralelo al proceso de ordenamiento dominial, la gestión comunal dispuso un refuerzo en los protocolos de vigilancia interna para prevenir hechos de vandalismo y profanación, un delito que en los últimos años generó reiterados reclamos por parte de familiares y visitantes. Las acciones comprenden el bloqueo físico de ingresos secundarios en desuso, el incremento de rondas preventivas del personal de seguridad y la instalación de nuevas barreras de contención perimetral, en un intento por devolverle el control operativo a un establecimiento que arrastra una larga serie de cuestionamientos vinculados al cuidado de su patrimonio histórico.
