La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires volvió a tensar el vínculo institucional con los poderes Ejecutivo y Legislativo al exigir la pronta creación de sesenta y seis nuevos organismos judiciales distribuidos a lo largo del territorio bonaerense, una medida que busca descomprimir el colapso operativo que afecta a múltiples fueros. Del total de dependencias reclamadas, catorce impactan de manera directa en el Departamento Judicial La Plata, una jurisdicción que acumula demoras históricas en la resolución de expedientes debido al crecimiento demográfico y a la complejidad de las causas que allí se tramitan.

El planteo del máximo tribunal no se limita únicamente a la apertura de nuevas estructuras edilicias y administrativas, sino que también reaviva la discusión en torno a la autarquía presupuestaria que el Poder Judicial viene reclamando desde hace años. En paralelo al pedido de nuevos órganos, la resolución judicial exige que se agilicen los nombramientos de veinticinco magistrados cuyos pliegos permanecen demorados en los despachos políticos, una situación que paraliza el normal funcionamiento de tribunales enteros y genera un cuello de botella inocultable para abogados, justiciables y fiscales.

El mapa del colapso en La Plata y el desglose por fueros

Dentro del desglose previsto para el Departamento Judicial La Plata, el fuero penal concentra una parte sustancial de las demandas estructurales. La Corte solicitó la constitución formal de un Juzgado de Garantías en la sede central, otros dos en el partido de Cañuelas, dos Juzgados en lo Correccional, dos Tribunales en lo Criminal y un Juzgado de Ejecución Penal, herramientas consideradas indispensables para atender la litigiosidad criminal en la región capital.

A esto se suma la exigencia de conformar tres Juzgados de Familia, dos en lo Contencioso Administrativo y dos Tribunales de Trabajo. Esta última requisitoria expone la crítica situación que atraviesa la justicia laboral platense, donde las demandas por despidos, indemnizaciones y conflictos obrero-patronales sufren demoras de varios años antes de llegar a una sentencia firme, perjudicando tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas de la región.

Un reclamo histórico por la autonomía y los recursos

El trasfondo de esta ofensiva institucional radica en la necesidad de adecuar el aparato judicial al volumen real de litigiosidad que registra la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos períodos, los distintos colegios de abogados y asociaciones de magistrados advirtieron reiteradamente sobre la saturación de los fueros civiles, de familia y laborales, agravada por la falta de inversión en infraestructura tecnológica y nombramientos de personal administrativo.

La respuesta que emane tanto de la Gobernación como de la Legislatura bonaerense marcará el pulso político de los próximos meses. Mientras el oficialismo y la oposición discuten las prioridades presupuestarias y la repartición de cargos en los organismos de control y la justicia, los tribunales platenses continúan operando al límite de su capacidad operativa, a la espera de un entendimiento político que permita destrabar un sistema judicial exigido al máximo de sus fuerzas.