El máximo tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires redobló su apuesta institucional al presentar formalmente ante la Cámara de Diputados un proyecto orientado a consagrar la autarquía presupuestaria y financiera del Poder Judicial. La jugada política, cristalizada en las últimas horas, busca instalar el debate en el centro de la agenda legislativa justo en la antesala de la discusión por la Ley de Leyes que el gobierno de Axel Kicillof debe enviar al parlamento provincial. La iniciativa, motorizada por los principales magistrados del cuerpo, pone sobre la mesa una vieja demanda sectorial que reclama la potestad de elaborar, aprobar y administrar los recursos económicos sin depender de la intermediación de la administración central.
El núcleo del planteo radica en la necesidad de consolidar una independencia real respecto de los otros poderes del Estado. Desde la perspectiva de la conducción judicial, la asignación histórica de fondos que oscila entre el 3,5 y el 4,5 por ciento del presupuesto total de la provincia resulta insuficiente y restrictiva frente a las demandas operativas cotidianas. Con este esquema actual, los magistrados y funcionarios advierten que la estructura se vuelve rígida, carente de herramientas de gestión ágiles y con una marcada brecha salarial y de infraestructura en comparación con el fuero federal. La propuesta elevada al Palacio Legislativo contempla que, en caso de aprobarse, el tribunal elabore su propio cálculo de gastos y recursos, incluyendo la participación del Ministerio Público, lo que abriría además un canal directo para discutir una ley marco de negociaciones colectivas y paritarias sectoriales.
Una pulseada política con la mira puesta en las cuentas públicas
La ofensiva formal tiene antecedentes directos en los encuentros mantenidos meses atrás entre los ministros del tribunal, asociaciones de magistrados, colegios de abogados y representantes sindicales del sector. En aquellas oportunidades, la cúpula judicial ya había advertido que la autonomía económica es la única garantía para planificar políticas públicas a largo plazo y reducir de manera paulatina las asimetrías salariales vigentes. La estrategia apunta a que los primeros tres ejercicios de aplicación permitan recuperar un porcentaje sustancial de esa diferencia histórica con la Justicia nacional, un punto sensible que moviliza tanto a jueces como a empleados judiciales.
Mientras en los pasillos legislativos se analizan los alcances técnicos de la medida, el escenario político provincial se encamina hacia una compleja negociación. El oficialismo legislativo deberá ponderar el impacto fiscal de ceder el manejo presupuestario a un poder independiente, en un contexto económico provincial atravesado por la caída en la recaudación y la puja por los fondos coparticipables. La decisión de la Suprema Corte de acelerar los tiempos obliga a los distintos bloques parlamentarios a tomar posición sobre un reclamo histórico que promete redefinir el equilibrio de poderes en el territorio bonaerense antes de que finalice el año legislativo.
