La escala de prioridades fiscales y punitivas diseñada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó expuesta tras conocerse los detalles del proyecto de reforma del Código Contravencional impulsado por la gestión local. La iniciativa enviada a la Legislatura porteña establece una disparidad notable entre las sanciones económicas previstas para las faltas vinculadas al tránsito y aquellas que recaen sobre la economía informal, generando un fuerte debate sobre el sentido de la justicia distributiva y la equidad ante la ley en el distrito más rico del país.

De acuerdo con el texto ingresado para su tratamiento legislativo, se estipulan multas máximas que ascienden a los 7.038.480 pesos para aquellos conductores que sean detectados circulando bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo la vida de terceros. En contraposición, la misma normativa contempla una penalidad económica de hasta 58.654.000 pesos para quienes realicen actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, una cifra que multiplica por más de ocho veces la sanción fijada para las infracciones viales más graves. Esta desproporción numérica trasciende el mero análisis técnico de las contravenciones y desnuda un criterio de intervención estatal que castiga con severidad extrema a los sectores que recurren al comercio callejero como única alternativa de subsistencia.

La economía de la supervivencia frente al rigor punitivo

Los antecedentes recientes en las calles porteñas demuestran que la persecución a la venta informal no es una hipótesis de laboratorio, sino una política constante que combina el decomiso de mercadería con procesos judiciales cada vez más asfixiantes. Episodios protagonizados por vendedores de alimentos artesanales o productos regionales que pierden en cuestión de minutos el capital invertido para sostener a sus familias ilustran la vulnerabilidad extrema de este sector. Exigir montos indemnizatorios o multas millonarias a personas que apenas logran cubrir la canasta básica diaria equivale, en la práctica, a una prohibición absoluta de la actividad mediante la inviabilidad financiera.

Mientras los defensores de la iniciativa oficial argumentan la necesidad de ordenar el espacio público, combatir mafias organizadas y garantizar la convivencia urbana, las organizaciones sociales y los bloques opositores advierten sobre la criminalización de la pobreza. La capacidad de absorción de una multa millonaria por parte de un automovilista con alto poder adquisitivo difiere radicalmente de la situación de un trabajador informal que carece de patrimonio. De este modo, la arquitectura legal propuesta consolida un esquema donde la infracción vehicular admite una vía de resolución económica para quienes pueden pagarla, mientras que la falta de recursos y la búsqueda de empleo en la vía pública se transforman en una infracción virtualmente imprescriptible y de castigo definitivo.