La escena generó sorpresa y repudio inmediatos al registrarse frente al histórico edificio de Tribunales, donde una camioneta utilitaria perteneciente a la flota oficial del municipio fue utilizada para retirar una montaña de expedientes judiciales. El episodio, documentado por testigos casuales que circulaban por las inmediaciones, expuso una maniobra que vulnera los protocolos habituales de traslado de documentación legal y puso bajo la lupa la coordinación entre las áreas administrativas del poder político local y el aparato judicial.

El registro audiovisual obtenido en la zona céntrica muestra con claridad el rodado utilitario con insignias de la administración comunal estacionado sobre la arteria principal, con la caja completamente abierta y desprovista de cualquier lona protectora o medida de seguridad que resguardara los papeles a la intemperie. Varias personas, vinculadas operativamente a las tareas, manipulaban los legajos apilados sin la supervisión visible de personal especializado en custodia de archivos judiciales o fuerzas de seguridad que garantizaran la cadena de custodia de las causas.

Interrogantes sobre los protocolos y el destino final de la documentación

Si bien los tribunales provinciales manejan cronogramas periódicos de depuración y destrucción de expedientes cuyas causas han cumplido plazos legales de guarda, las normativas vigentes exigen rigurosos recaudos técnicos y de traslado que eviten la exposición pública o el manejo discrecional de los sumarios. La utilización de recursos humanos y materiales del Departamento Ejecutivo municipal para una tarea de índole estrictamente judicial abre un interrogante ineludible sobre las autorizaciones formales que mediaron en el operativo, así como sobre el destino exacto al cual fueron conducidos los papeles.

La falta de respuestas oficiales inmediatas por parte de la administración del intendente local profundiza el manto de sospecha sobre un procedimiento que debió ajustarse a estándares de transparencia institucional. La preservación de los registros documentales constituye un pilar fundamental para el funcionamiento republicano y el acceso a la justicia, por lo que la ausencia de controles formales y la precariedad logística evidenciada en el video exigen una investigación administrativa y judicial que permita deslindar responsabilidades y esclarecer los motivos reales detrás de este inusual traslado de expedientes fuera de los canales habituales.