La provincia de Buenos Aires oficializó la ruptura del acuerdo que mantenía con el Estado nacional desde 2018 para el cálculo y la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión, adoptada por la gestión del gobernador Axel Kicillof, se produce tras sucesivos recortes en las partidas giradas por la administración central y traslada de manera definitiva la administración y el control de las compensaciones a la órbita provincial.

El entendimiento original formaba parte del Consenso Fiscal firmado a finales de 2018, un esquema que habilitaba el traspaso de la potestad tarifaria y de subsidios a territorio bonaerense con asistencia técnica de la Nación. Tras una decena de prórrogas que cubrieron los calendarios subsiguientes, el vínculo formal colapsó luego de que la Casa Rosada desarticulara paulatinamente el esquema de transferencias automáticas y no automáticas destinadas al sector. Con esta medida, la administración provincial también desplazó al Ejecutivo nacional de la gestión del Atributo Social de la tarjeta SUBE y de los cupos de gasoil a precio diferencial para las líneas de jurisdicción provincial y comunal.

Un nuevo régimen de compensaciones con controles estrictos para las empresas

En reemplazo del esquema caído, la gobernación instrumentó mediante decreto el denominado Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA. La normativa establece un sistema de rendiciones de cuentas de carácter cuatrimestral por parte de las empresas prestatarias del servicio, incorporando un esquema punitorio ante eventuales incumplimientos que va desde la retención parcial de los fondos hasta la suspensión total de las partidas económicas asignadas para sostener la tarifa.

La medida profundiza el distanciamiento financiero entre La Plata y la Casa Rosada en una de las áreas más sensibles de la economía cotidiana, donde la puja por los costos operativos, la actualización tarifaria y el peso de los subsidios ha marcado la agenda de los gobernadores frente al ajuste fiscal impulsado a nivel federal. Mientras el Ejecutivo nacional sostiene su esquema de reducción del gasto público y transferencia de responsabilidades a los distritos, las administraciones provinciales repliegan su capacidad operativa para intentar amortiguar el impacto en los servicios esenciales.