La disputa entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario nacional sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la administración central decidiera apelar el fallo que le ordenaba cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La presentación formal busca frenar la resolución de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, una norma dictada por la Casa Rosada para condicionar la ejecución de los fondos a la identificación previa de recursos presupuestarios.

El conflicto se originó cuando el juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, diversas casas de altos estudios y agrupaciones gremiales del sector docente y nodocente. En su resolución, el magistrado cuestionó la validez de la estrategia gubernamental al sostener que el Poder Ejecutivo carece de facultades para condicionar la aplicación de una ley que ya había logrado superar el filtro legislativo, incluso tras la aplicación inicial del veto presidencial. Con la apelación presentada por los equipos jurídicos del Estado, el expediente quedó ahora en manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, tribunal que deberá definir el alcance de la manda judicial y la legalidad del decreto cuestionado.

El impacto en las cuentas públicas y la tensión con el Congreso

El trasfondo de esta contienda legal expone el delicado equilibrio fiscal que sostiene la gestión económica nacional frente a las demandas de incremento presupuestario votadas por el Parlamento. Mientras el oficialismo argumenta que toda norma de gasto debe contemplar de manera explícita su respectiva fuente de financiamiento para no desequilibrar las metas macroeconómicas, desde el sector universitario y la oposición legislativa denuncian una vulneración flagrante de la división de poderes y un deterioro sostenido del poder adquisitivo de los docentes e investigadores, cuya pérdida salarial se acumuló durante los últimos periodos inflacionarios.

Las universidades nacionales, con fuerte arraigo territorial en distritos clave como La Plata a través de su histórica casa de estudios, atraviesan un escenario financiero sumamente complejo que afecta no sólo los salarios de profesores y auxiliares, sino también el mantenimiento edilicio, los hospitales universitarios y los fondos destinados a investigación científica y becas estudiantiles. La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal será determinante para definir si el Estado debe ejecutar de forma compulsiva las partidas reclamadas o si el litigio continuará su derrotero judicial hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prolongando una incertidumbre que impacta de lleno en el normal funcionamiento del sistema educativo superior en todo el país.