La pulseada legislativa en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 ingresa en un terreno de máxima tensión política en la Cámara de Diputados. El oficialismo muestra optimismo respecto a la sesión convocada para el próximo 15 de octubre, fecha en la que los sectores opositores planean debatir la derogación de la normativa. Desde la Casa Rosada sostienen que las bancadas contrarias al Gobierno no alcanzarán el número necesario para habilitar el debate en el recinto.

Este escenario de relativa tranquilidad para el Ejecutivo se consolidó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dictó una medida cautelar para restablecer temporalmente los límites sobre la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión judicial descomprimió parte del rechazo social y legislativo que generaba el artículo 154 del megadecreto, el cual había quedado en el centro de la controversia luego de que el Máximo Tribunal rechazara planteos previos presentados por organizaciones sociales y excombatientes.

Las claves de la medida

La estrategia oficialista combina movimientos en el plano judicial con intensas tratativas políticas en el parlamento para evitar un revés institucional que podría comprometer la columna vertebral del plan económico:

  • Estrategia de fragmentación: El Ejecutivo convocó a un plenario de comisiones para tratar un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, separando el debate de tierras y ofreciendo una salida a los bloques dialoguistas.
  • Negociación territorial: Los funcionarios nacionales priorizan acuerdos individuales con gobernadores y legisladores provinciales para blindar las iniciativas clave del oficialismo.
  • Presupuesto y reformas: La supervivencia del DNU es vital para las aspiraciones de la administración central de avanzar con el Presupuesto y la modificación del sistema electoral.
  • Reacomodamiento opositor: Ante las dificultades para reunir el quórum, sectores de la oposición evalúan excluir el DNU del temario para centrarse en temas de alta sensibilidad social como discapacidad y morosidad.

En paralelo, la administración central continúa aceitando los vínculos con sus aliados parlamentarios y referentes del PRO mediante reuniones periódicas. Mientras se define el porvenir del decreto desregulador en el Congreso, el oficialismo busca asegurar los consensos necesarios para tratar su agenda prioritaria en el tramo final del año legislativo, donde la disciplina de los bloques provinciales volverá a ser determinante.