El Gobierno nacional avanzó en una profunda reestructuración administrativa que redefinen por completo el control operativo de las residencias presidenciales. Mediante una normativa oficializada en el Boletín Oficial, la Unidad Presidencial de Chapadmalal quedó formalmente bajo la órbita absoluta de la Casa Militar, un cambio que trasciende las tareas tradicionales de custodia y custodia personal para extenderse hacia la intendencia, el mantenimiento edilicio, la higiene y la gestión cotidiana del complejo turístico ubicado en la costa atlántica bonaerense.

La medida concentra en una misma estructura funciones que históricamente se encontraban fragmentadas entre diferentes dependencias estatales. Hasta la sanción de esta disposición, el complejo de Chapadmalal operaba con una administración descentralizada que coordinaba de manera independiente los servicios, la preservación y las intervenciones logísticas necesarias para el funcionamiento del predio. Con la nueva normativa, esas responsabilidades pasan a ser competencia directa del organismo militar, el cual deberá articular con las áreas de patrimonio histórico cuando se proyecten obras o refacciones en los edificios.

Unificación de mandos tras las tensiones en Olivos

Este movimiento administrativo no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una estrategia de mayor control sobre los espacios de residencia del Poder Ejecutivo. La decisión abarca de manera simultánea a la Quinta de Olivos, escenario durante los últimos meses de tensiones internas, revisiones de personal y sospechas sobre filtraciones de información que derivaron en despidos y reacomodamientos en las distintas áreas de servicio. Al unificar la gestión operativa bajo la Casa Militar, la administración central busca blindar los circuitos internos y minimizar los márgenes de autonomía de las estructuras civiles que operaban en los predios presidenciales.

La Casa Militar, que responde directamente a la Secretaría General de la Presidencia, concentra personal castrense y civil encargado tradicionalmente de la seguridad del mandatario y su entorno familiar inmediato. Con la absorción de estas nuevas atribuciones logísticas, el organismo consolida una posición de poder ampliado dentro del organigrama estatal, asumiendo el control total sobre el uso, la conservación y la dinámica diaria de los dos principales enclaves residenciales del poder político nacional.