El Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito de Dolores determinó una sanción de tres meses de inhabilitación para conducir y una multa económica cercana al millón de pesos contra el concejal platense Juan Pablo Allan, tras el operativo vial al que fue sometido en la Costa Atlántica. La resolución, firmada a principios de octubre por la jueza Ornela Carli, acreditó que el dirigente circulaba con valores de alcohol en sangre superiores a los permitidos por la normativa vigente en el distrito, en el marco de una política de tolerancia cero que rige en todo el territorio bonaerense.

El expediente judicial fijó la multa en 438 unidades fijas, lo que se traduce en un monto exacto de 999.078 pesos, cifra que ya fue abonada de manera voluntaria por el infractor. La prohibición para ponerse al volante comenzó a computarse retroactivamente desde el día del hecho y se extenderá formalmente hasta el próximo 25 de diciembre inclusive. Además de la medición de alcohol, que arrojó 0,27 gramos por litro de sangre frente a los 0,25 que había deslizado inicialmente el propio dirigente, la condena contempló la falta de portación física de la licencia habilitante al momento del control.

El contraste entre el parte oficial y el fallo administrativo

Uno de los aspectos más salientes del proceso legal radicó en la divergencia entre la versión inicial difundida por el Ejecutivo provincial y las conclusiones del tribunal de faltas. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense se había señalado en su momento que tanto Allan como su pareja se habían retirado del retén policial sin autorización, utilizando el término de fuga y aplicando una medida cautelar preventiva mientras se sustanciaba la investigación. Sin embargo, la sentencia posterior no tipificó esa conducta como una infracción pasible de sanción específica dentro del veredicto final.

El fallo se limitó a registrar que el edil se retiró del lugar sin suscribir el acta de estilo ni retirar la correspondiente boleta de citación, pero circunscribió la condena punitiva a la infracción por alcohol en sangre y a la ausencia del plástico identificatorio. Este matiz generó un contrapunto respecto a la comunicación oficial, aunque dejó firmes los elementos centrales de la infracción vial. Por su parte, el dirigente libertario había intentado justificar su accionar al argumentar que había consumido una mínima cantidad de alcohol y que debió asumir la conducción de urgencia debido a una descompensación de su esposa.

El episodio adquiere además una marcada lectura institucional debido a la trayectoria pública del sancionado. Allan, actual referente de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local y funcionario nacional en el área de control de armas, ocupaba una banca en la Cámara alta provincial cuando se debatió y aprobó la Ley de Alcohol Cero que hoy lo alcanza. Si bien ese antecedente legislativo no modifica la ponderación técnica de la falta cometida, reaviva el debate sobre la ejemplaridad en la conducta de los representantes públicos frente a las normativas de seguridad vial que ellos mismos contribuyeron a sancionar.