El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en una modificación profunda del marco normativo urbano mediante el envío a la Legislatura de un proyecto que reestructura por completo el Código Contravencional y su ley de procedimiento. La iniciativa oficial apunta a desincentivar conductas que alteran la convivencia cotidiana, incrementando de manera sustancial los montos punitivos, los días de arresto efectivo y las herramientas de control estatal sobre el espacio público.
Las autoridades locales fundamentan la medida en la necesidad de dotar al Estado de mayor capacidad de respuesta frente a delitos menores, vandalismo urbano y actividades lucrativas ilegales. Entre los puntos más destacados figuran multas que trepan hasta los siete millones de pesos para conductores alcoholizados, topes de cincuenta y ocho millones para comercios informales no autorizados en la vía pública y penas privativas de la libertad de hasta noventa días para cuidacoches reincidentes.
Nuevas faltas y régimen especial para menores de edad
El paquete normativo incorpora además figuras punitivas inéditas orientadas a proteger la seguridad digital y la tranquilidad vecinal. Se contemplan sanciones específicas para el acoso callejero, las estafas mediante ingeniería social vinculadas al robo de credenciales bancarias, la portación de inhibidores de alarmas y dispositivos destinados a provocar disturbios en concentraciones masivas, tales como partidos de fútbol y recitales.
Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias, al que acosa o acecha en la calle y al estafador que se hace pasar por un banco se les terminó la impunidad. No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos, expresó el jefe de Gobierno porteño al fundamentar la iniciativa legislativa.
Un aspecto central de la reforma radica en la adecuación del sistema a la legislación penal juvenil, permitiendo incluir a adolescentes de entre catorce y diecisiete años bajo un esquema diferenciado. Este régimen contempla medidas socioeducativas, obligatoriedad escolar y tareas comunitarias en lugar de detenciones carcelarias tradicionales, buscando equilibrar la responsabilidad civil con la integración social de los jóvenes.
