El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, oficializó el envío a la Legislatura de un paquete de modificaciones estructurales sobre el Código Contravencional y la Ley de Procedimiento Contravencional. La iniciativa plantea un giro drástico hacia la penalización efectiva de faltas urbanas históricas, con un esquema que elimina beneficios procesales para adultos y eleva de manera exponencial las sanciones económicas, apuntando directamente a disuadir conductas de alta incidencia en el espacio público y la seguridad cotidiana.

El eje central de la propuesta legislativa radica en la persecución implacable de las mafias que operan en las calles, con especial énfasis en la actividad clandestina de los cuidacoches y limpiavidrios. Bajo la nueva normativa, los reincidentes en esta práctica se exponen a penas de hasta noventa días de arresto efectivo. En paralelo, el sistema de multas viales sufrirá una escalada sin precedentes, fijando montos que superarán los siete millones de pesos para aquellos conductores que circulen bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, mientras que la comercialización masiva y no autorizada de bienes en la vía pública podrá recibir penalidades pecuniarias de hasta cincuenta y ocho millones de pesos.

Fin de los beneficios y agravamiento por reincidencia

Para garantizar que las sanciones no queden en meras declaraciones formales, el proyecto oficial suprime de manera taxativa la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba, comúnmente conocida como probation, y descarta las condenas en suspenso para los infractores mayores de edad. Esto implica que las penas dictadas por la justicia contravencional deberán cumplirse de manera directa. Asimismo, se institucionaliza una escala progresiva para la reincidencia que incrementará las penalidades basales entre un cincuenta y un cien por ciento, despojando al infractor contumaz de prerrogativas como el arresto domiciliario.

No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos, sostuvo el mandatario porteño durante la presentación de la iniciativa.

Nuevas figuras delictivas y delitos digitales

La actualización normativa también contempla la incorporación de tipificaciones específicas para enfrentar flagelos contemporáneos vinculados a la tecnología y el espacio público. Entre las novedades figuran sanciones severas para las maniobras de estafa digital mediante la modalidad de phishing, la comercialización clandestina de bases de datos personales, el acoso callejero y el uso de dispositivos inhibidores de señal para concretar robos automotores. Además, se introduce la imputabilidad contravencional a partir de los catorce años, estableciendo un marco de abordaje socioeducativo que contempla tareas comunitarias y programas de asistencia obligatoria, exento de encierro carcelario pero con fuerte participación de los tutores legales.

El debate parlamentario que se abrirá en las próximas semanas promete discusiones intensas en el recinto, donde la administración local buscará consolidar los avales necesarios para poner en marcha un andamiaje legal que redefine las reglas de convivencia urbana en el distrito más poblado del país, marcando un precedente que ya genera repercusiones en distintos distritos de la geografía nacional.