El ambicioso operativo de desalojo y traslado de la emblemática cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz experimentó un freno imprevisto en las últimas horas, cuando uno de los internos más resonantes del sistema carcelario debió retornar al punto de partida por orden expresa de la justicia. La mudanza, diseñada para descomprimir los penales porteños y reubicar a cientos de detenidos en instalaciones de máxima seguridad, chocó de frente con las restricciones particulares que pesaban sobre expedientes judiciales complejos.
El protagonista de este cortocircuito administrativo y legal fue Guillermo Álvarez, ampliamente conocido en las crónicas policiales como “El Concheto” o “El Patovica”. Su salida de Devoto formaba parte de las tandas iniciales que buscaban vacunar el predio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, pero el trayecto hacia la provincia de Buenos Aires duró apenas lo que tardó su defensa en advertir la maniobra ante los tribunales correspondientes.
Una orden judicial implacable y plazos de cumplimiento exprés
La resolución que echó por tierra el movimiento estuvo a cargo del juez Santiago Bignone, quien intervino mediante una audiencia por videoconferencia para ordenar la restitución inmediata del interno a su anterior alojamiento, fijando un plazo perentorio de apenas dos horas para concretar el operativo de regreso. La medida respondió a los planteos formulados por el abogado defensor Sebastián Bruno, quien recordó que el traslado vulneraba pautas específicas fijadas previamente por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N.º 4 y ratificadas por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 28, las cuales exigían notificación anticipada y recaudos especiales para cualquier modificación en las condiciones de encierro.
La decisión judicial estableció un plazo de dos horas para cumplir la medida y devolver al interno a su sitio de origen, tras constatarse que no se habían respetado las pautas particulares de su detención.
El trasfondo procesal de Álvarez añade una extrema sensibilidad a cualquier movimiento dentro del sistema penitenciario. En agosto de 1994, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la condena a reclusión perpetua dictada en su contra en 1999, a raíz de un recurso de revisión amparado en estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con más de 28 años tras las rejas sin un fallo firme, su defensa reclama la excarcelación mientras se aguarda la realización de un nuevo debate oral, una postura que mantiene abierto el litigio con la fiscalía.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional avanza con el cronograma que prevé completar la evacuación total de Villa Devoto mediante un despliegue de mil agentes penitenciarios y seiscientos efectivos federales. Sin embargo, la supervisión de organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura mantiene la lupa sobre la logística, evidenciando que el traslado masivo de población penal no solo enfrenta desafíos operativos de infraestructura, sino también intrincados laberintos judiciales que pueden revertir cualquier decisión en cuestión de minutos.
