El Mar Argentino funciona bajo una alarmante dinámica de escasa supervisión estatal. Un informe elaborado por organizaciones especializadas en política ambiental puso de manifiesto que el impresionante crecimiento exportador del sector pesquero contrasta de forma directa con un retroceso sistemático en los mecanismos de fiscalización física, dejando zonas enteras de la plataforma continental desprovistas de veedores oficiales que certifiquen el volumen y las condiciones de la extracción.
Durante los últimos períodos analizados, el volumen de negocios internacional escaló hasta los dos mil millones de dólares, posicionando a la actividad entre los motores comerciales del país. Sin embargo, la cobertura de inspectores embarcados experimentó un achique notable, pasando de porcentajes que ya eran discretos a mínimos históricos. Cifras oficiales y relevamientos sectoriales indican que más de ocho de cada diez salidas de buques comerciales hacia el mar abierto se ejecutan en absoluta soledad institucional, sin la presencia de personal encargado de constatar descargas, especies capturadas o eventuales descartes antirreglamentarios.
El eslabón crítico del calamar y la presencia de capitales extranjeros
El escenario adquiere ribetes más complejos al poner la lupa sobre el calamar Illex, uno de los productos de mayor demanda en los mercados externos y principal generador de divisas dentro de la industria marítima local. Las estadísticas disponibles demuestran que más del noventa por ciento de las travesías orientadas a esta especie zarparon sin ningún tipo de control a bordo, pese a que la legislación vigente estipula la obligatoriedad de fiscalizar de manera prioritaria a las embarcaciones de gran porte que operan en aguas nacionales.
A esta merma en la capacidad operativa del Estado se suma un entramado geopolítico y comercial donde corporaciones internacionales, particularmente de origen asiático, concentran una porción mayoritaria de la flota con bandera local que opera en la zona. La situación se vuelve aún más delicada tras recientes cumbres científicas internacionales realizadas en Europa, donde se acordaron bases de datos compartidas para el monitoreo del recurso pesquero con la participación de potencias extranjeras y administraciones insulares, pero con la llamativa ausencia de la Argentina en los nodos centrales de gestión de esa información.
Mientras tanto, en las inmediaciones del límite exterior de la zona económica exclusiva, la concentración masiva de buques extranjeros perpetúa una presión extractiva constante sobre los recursos migratorios. Los especialistas advierten que la falta de actualización tecnológica en los sistemas de monitoreo electrónico y la reducción drástica en la cantidad de agentes públicos disponibles consolidan un modelo donde la información disponible depende casi exclusivamente de las declaraciones juradas presentadas por los propios armadores.
Frente a este panorama, las organizaciones impulsoras del relevamiento insisten en la urgencia de rediseñar las políticas de control marítimo, jerarquizar la dotación de inspectores y transparentar los registros públicos vinculados a los permisos de pesca. El desafío pendiente radica en armonizar el dinamismo exportador con esquemas institucionales sólidos que garanticen la preservación de los recursos naturales a largo plazo.
