El debate sobre la titularidad y el control de los recursos naturales en territorio bonaerense ingresó en una nueva etapa de tensión institucional y política. A partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de convalidar la derogación de la normativa nacional de tierras impulsada mediante el DNU 70/2023, el escenario regulatorio nacional quedó desprovisto de restricciones para el capital internacional. En respuesta directa a este panorama, el bloque legislativo provincial canalizó un proyecto de ley titulado “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, con el objetivo de blindar el suelo productivo y las áreas hídricas estratégicas de la provincia mediante facultades propias del Estado subnacional.

La iniciativa se ancla en los preceptos constitucionales que otorgan a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales, buscando suplir el vacío legal generado a nivel federal. La propuesta normativa retoma antecedentes directos de control sobre la extranjerización y plantea un esquema de limitaciones geográficas y porcentuales que impacta de lleno en los distritos con mayor atractivo para la inversión externa, un factor que en los últimos años comenzó a transformar la fisonomía económica de determinados partidos del interior y las periferias productivas.

Topes porcentuales y focos de atención regional

El articulado del proyecto establece un techo estricto del quince por ciento de titularidad o posesión extranjera sobre la superficie rural total de la Provincia, un límite que operará de manera replicada en cada uno de los municipios bonaerenses. A su vez, se incorpora una cláusula de diversificación que impide que una misma nacionalidad extranjera concentre más del treinta por ciento de ese cupo permitido, evitando monopolios de origen geográfico específico sobre los activos agrarios.

Dentro de los aspectos más sensibles del texto legislativo destaca la fijación de un máximo de mil hectáreas por titular extranjero en las zonas catalogadas como de alta productividad agrícola, blindando además de manera específica a los inmuebles que comprenden cuencas hídricas, humedales, islas, áreas costeras protegidas y los cinturones hortícolas que abastecen a los grandes centros urbanos. Los datos del sector indican que, si bien el promedio general de tierras en manos foráneas en el territorio bonaerense se ubica por debajo del tres por ciento, las estadísticas locales muestran realidades dispares donde municipios específicos superan ampliamente los umbrales propuestos, evidenciando asimetrías profundas en la tenencia actual.

Fiscalización y disputas políticas de fondo

Para garantizar la operatividad de las restricciones, la norma contempla la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, concebido como un organismo de fiscalización capaz de auditar la trazabilidad de los beneficiarios finales detrás de entramados societarios complejos, fideicomisos y fondos de inversión internacionales. Esta herramienta apunta a desactivar mecanismos tradicionales de elusión que suelen dificultar la identificación del capital real detrás de las adquisiciones inmobiliarias rurales.

La discusión legislativa se entrama además con posicionamientos de diversos sectores sociales y organizaciones políticas, entre los que destacan los pronunciamientos de excombatientes y agrupaciones nucleadas en la región capital, quienes advierten sobre la vulnerabilidad de zonas de frontera y áreas de interés estratégico. Mientras el oficialismo provincial busca consolidar un cordón de protección normativa en sintonía con reclamos soberanistas históricos, en la Legislatura se anticipa un debate prolongado frente a los sectores económicos que defienden la desregulación total de los mercados de suelo como motor de inversiones directas.