El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley 27.828, una medida que reconfigura por completo el régimen de Zona Fría y pone fin al acceso automático a las bonificaciones en las facturas de gas para millones de usuarios en todo el país. La normativa, plasmada recientemente en el Boletín Oficial, introduce restricciones significativas que impactarán de forma directa en más de tres millones de hogares, de los cuales una porción muy relevante se concentra en territorio bonaerense, modificando el escenario financiero de los consumidores en medio de un contexto de fuerte suba de costos en los servicios públicos esenciales.

La disposición legal modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y revoca diversos apartados de la legislación previa que había extendido el beneficio a numerosas regiones del mapa nacional. Con esta nueva arquitectura normativa, la sola residencia en un distrito incluido en la ampliación territorial ya no constituye una condición suficiente para obtener la rebaja tarifaria. A partir de ahora, los usuarios deberán cumplimentar estrictos requisitos socioeconómicos y permanecer inscriptos en el esquema de subsidios focalizados, fijando un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales como umbral de exclusión para evitar distorsiones en la asignación de recursos fiscales.

Nuevas reglas de cálculo y alcance en los municipios

El impacto económico no sólo se reduce por la exigencia de vulnerabilidad, sino también por la modificación en la fórmula de cálculo del beneficio. Mientras que el esquema anterior aplicaba reducciones porcentuales sobre el monto global de la factura, la nueva normativa circunscribe la bonificación exclusivamente al valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. Esta variante técnica se traduce en un incremento estimado que promedia el cincuenta y cinco por ciento en las boletas finales de los usuarios que pierdan la cobertura total o queden encuadrados en categorías de menor protección, generando una presión adicional sobre los ingresos familiares.

Dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, la medida alcanza a más de un millón de usuarios distribuidos en casi un centenar de municipios que habían incorporado el beneficio durante las ampliaciones normativas de años anteriores. Distritos de gran peso demográfico y productivo, así como localidades de la costa atlántica y del interior bonaerense, verán transformada su realidad tarifaria, quedando exceptuadas únicamente aquellas jurisdicciones históricas de la región patagónica. La administración central fundamenta la modificación en la necesidad de ordenar las cuentas fiscales y generar un ahorro sustancial en el gasto público destinado a subvenciones energéticas, en sintonía con las metas de equilibrio fiscal sostenidas por el Ejecutivo.

En tanto, las familias que logren acreditar los requisitos vinculados a la posesión del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, la condición de veteranos de guerra o la presencia de personas con Certificado Único de Discapacidad mantendrán vías de acceso directo, aunque sujetas a las nuevas pautas de cálculo restrictivas. Las autoridades competentes y los entes reguladores avanzarán en las próximas semanas en la depuración de los padrones para adecuar los sistemas de facturación de las empresas distribuidoras a las exigencias fijadas por la flamante legislación.