El Poder Ejecutivo nacional oficializó la promulgación de la Ley 27.828, una medida de profundo impacto económico que reconfigura el régimen de Zona Fría y establece restricciones significativas para el acceso automático a las bonificaciones en las facturas de gas. La nueva legislación, publicada en el Boletín Oficial, modifica el esquema vigente y altera de forma directa la ecuación financiera de más de tres millones de usuarios en el territorio argentino, de los cuales una porción muy relevante se concentra en la provincia de Buenos Aires. Con una vigencia proyectada hasta finales de la década, la normativa busca recortar el gasto fiscal en un contexto de fuerte tensión sobre las cuentas públicas, recalculando los alcances de un beneficio que durante años amortiguó el costo de la calefacción en regiones de bajas temperaturas.

La modificación legal altera sustancialmente el artículo 75 de la ley anterior y deja sin efecto las ampliaciones territoriales que se habían incorporado en el pasado reciente. A partir de ahora, la simple residencia en una zona geográfica determinada deja de ser condición suficiente para obtener la rebaja en los servicios. Los usuarios deberán cumplir con exigencias socioeconómicas estrictas, como encontrarse inscriptos en el esquema de subsidios focalizados y demostrar ingresos que no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales. De este modo, el universo de beneficiarios se reduce de manera drástica, exceptuando únicamente a aquellos sectores que cuenten con certificación de vulnerabilidad habitacional extrema, veteranos de guerra o personas con certificado de discapacidad, aunque incluso para estos casos se implementarán nuevas fórmulas de cálculo que achican el margen de ahorro final.

Un ajuste con impacto directo en noventa y cuatro municipios

En el mapa bonaerense, la reestructuración del régimen alcanza a noventa y cuatro distritos que perderán la cobertura total de la que disfrutaban hasta el momento. La modificación implica que el descuento ya no recaerá sobre el valor final de la factura, sino exclusivamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, lo que diluye considerablemente el alivio en los hogares. Diversos análisis sectoriales estiman que los usuarios alcanzados por la quita percibirán incrementos sustanciales en sus próximas boletas, con subas que promedian el cincuenta y cinco por ciento, condicionadas por el nivel de consumo y la categorización energética de cada propiedad. Distritos de la costa atlántica, el centro y el sur provincial figuran entre los principales afectados por la medida que redefine el alcance de la asistencia estatal en los servicios públicos.

La aplicación de esta normativa se da en paralelo a la redefinición de las metas fiscales del Gobierno, que apunta a un ahorro estimado en cientos de millones de dólares anuales mediante la focalización de los recursos públicos. Mientras los equipos técnicos de la Secretaría de Energía ultiman los detalles operativos para cruzar las bases de datos y determinar qué usuarios conservan la ayuda, las administraciones locales y las entidades de defensa de los consumidores evalúan las consecuencias sociales que traerá el nuevo esquema tarifario en los próximos meses, marcados por la demanda estacional de gas y la presión inflacionaria sobre los ingresos familiares.