La secretaría de Agricultura se convirtió en el escenario de una fricción sin precedentes luego de que fracasara una nueva instancia de diálogo destinada a destrabar la compleja puja en torno a la propiedad intelectual y el uso propio de semillas. Lejos de acercar posiciones entre los distintos actores de la cadena agroindustrial, el encuentro expuso fracturas profundas y un nivel de tensión política que encendió todas las alarmas en el sector productivo nacional.

En el centro de la escena quedó Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y figura clave en el esquema operativo del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Tras meses de gestiones y reuniones técnicas con entidades ruralistas, semilleros y productores, el funcionario protagonizó un exabrupto que dejó al descubierto el pragmatismo feroz con el que el oficialismo pretende avanzar en sus reformas estructurales. Ante la falta de acuerdo sobre el pago de regalías y la comercialización de la llamada 'bolsa blanca', el funcionario optó por dinamitar el puente del diálogo.

El choque por las regalías y la sombra de las corporaciones

El nudo gordiano del conflicto radica en la puja histórica por el valor de la genética. Mientras las grandes compañías multinacionales como Bayer, Corteva y Syngenta exigen un esquema de protección estricto alineado con los estándares internacionales del Acta UPOV 91, los productores defienden su derecho ancestral e histórico a guardar parte de su propia cosecha para la siguiente siembra sin abonar cargos adicionales. En medio de esa disputa, el Gobierno sostiene que el país pierde miles de millones de dólares anuales por una deficiente protección de la propiedad intelectual, un argumento que utiliza para justificar la urgencia de una modificación legislativa.

"Hasta acá llegué, voy a redactar la ley con Bayer, necesitamos insertarnos en el mundo", disparó el funcionario ante una mesa atónita que intentaba consensuar los límites del uso propio oneroso y las excepciones para los pequeños y medianos productores de la región pampeana.

La reacción empresaria y gremial no tardó en hacerse escuchar en los pasillos políticos. Desde la Mesa de Enlace advirtieron que cualquier intento de imponer una normativa a espaldas de quienes trabajan la tierra agravará la crisis de confianza. Mientras Coninagro exploraba alternativas de acuerdo, la Federación Agraria ratificó su rechazo rotundo a las exigencias corporativas. El trasfondo geopolítico tampoco pasa desapercibido: el apuro oficial responde de manera directa a los compromisos asumidos en negociaciones bilaterales donde la propiedad intelectual de semillas y medicamentos figura como una exigencia central de los mercados externos.