La disputa por las tarifas de gas escaló formalmente hacia los tribunales federales, luego de que la administración municipal formalizara una acción legal para frenar el impacto de la reciente legislación que modificó el mapa de bonificaciones. La medida judicial busca proteger a miles de usuarios residenciales, entidades comunitarias y clubes de barrio que sufrirán un fuerte incremento en sus boletas tras la salida del distrito del régimen especial.

El intendente local, junto a organizaciones de defensa de consumidores y entidades intermedias, encabezó la presentación del amparo colectivo en rechazo a la Ley 27.828. El escrito apunta contra la exclusión de la ciudad y argumenta que la decisión oficial vulnera derechos constitucionales básicos como la razonabilidad, la igualdad y la proporcionalidad en el acceso a un servicio público esencial.

Bahía Blanca es Zona Fría. Atento a la promulgación de la Ley que excluye a nuestra ciudad del régimen, y conforme al mandato de la comunidad que represento, realicé esta presentación judicial para defender a los hogares e instituciones

El planteo técnico incorporado al expediente judicial incluye estudios meteorológicos elaborados por investigadores del CONICET y registros de organismos reguladores. Mediante estas mediciones, la comuna demostró que las condiciones térmicas del distrito durante los meses invernales no se diferencian de aquellas registradas en ciudades vecinas que sí mantuvieron el beneficio, tales como Santa Rosa, Neuquén y Viedma. Asimismo, la demanda cuestiona la contradicción de que los habitantes locales continúen realizando aportes al fondo fiduciario que sostiene el sistema mientras se les quita la bonificación.

Impacto directo en los hogares

La pérdida del descuento, que oscilaba entre el treinta y el cincuenta por ciento según el perfil socioeconómico, repercutirá de manera directa en la economía doméstica. A partir de proyecciones basadas en muestras de facturación, la supresión del subsidio provocará un incremento promedio superior al cuarenta por ciento en los montos finales, aun sin registrar variaciones en los niveles de consumo. La acción legal cuenta además con el respaldo de decenas de miles de firmas recolectadas entre vecinos y referentes institucionales que exigen la restitución del esquema original.