La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) trasladó el debate sobre el rumbo económico nacional directamente al Vaticano, luego de que su presidente, Ricardo Diab, mantuviera un encuentro con el papa León XIV para entregarle un documento institucional que expone con crudeza la situación del sector productivo. El informe advierte sobre los efectos recesivos que golpean a fábricas y comercios, en un contexto donde las demandas por alivio fiscal, financiamiento y recuperación del mercado interno continúan sin encontrar respuestas oficiales.

La radiografía presentada ante la máxima autoridad eclesiástica detalla una secuencia de retracciones acumuladas desde el inicio de la administración de Javier Milei. Durante 2024, primer año completo del actual esquema de gobierno, la producción manufacturera pyme experimentó una caída anual del 9,8 por ciento, tras haber tocado un piso histórico en enero con un desplome del 30 por ciento interanual. Lejos de representar un piso transitorio de estabilización, los problemas de capacidad ociosa y contracción persistieron a lo largo de los años siguientes, acumulando nuevas bajas significativas.

Un entramado productivo operando al límite

Los datos oficiales y sectoriales reflejan que la reactivación esperada por el oficialismo no logró consolidarse en las plantas fabriles ni en los centros comerciales urbanos. Hacia mediados de 2026, la industria pyme profundizó su caída con un derrumbe interanual del 6,1 por ciento y un acumulado negativo del 8,5 por ciento en los primeros ocho meses, mientras que la utilización de la capacidad instalada apenas superó el 55 por ciento. Sectores clave como químicos, plásticos, alimentos y bebidas registraron retrocesos de dos dígitos, evidenciando una retracción generalizada en las cadenas de valor.

En el plano comercial, las ventas minoristas reflejan la cautela extrema de los hogares, que destinan sus ingresos casi exclusivamente a gastos de subsistencia y postergan consumos de mayor envergadura. A este escenario se suma la asfixia por costos operativos elevados, tarifas dolarizadas y una presión tributaria que los empresarios califican de insostenible para sostener estructuras en medio de la retracción de la demanda. Las dificultades para acceder a créditos productivos viables terminan por obturar cualquier perspectiva de inversión a mediano plazo, dejando al entramado de pequeñas y medianas empresas en una encrucijada de supervivencia.

Las consecuencias de esta coyuntura trascienden los balances contables y se traducen en una alta volatilidad laboral. Informes recientes sobre la dinámica empresarial muestran que la creación de puestos por apertura de nuevos establecimientos apenas logra compensar las bajas producidas por cierres definitivos, dejando un saldo marginal que expone la fragilidad del empleo registrado. Mientras el Ejecutivo nacional defiende su programa de ajuste fiscal como única vía para ordenar las cuentas públicas, los sectores productivos insisten en que la estabilización macroeconómica resulta insuficiente si se destruye el mercado interno y se desatiende el motor del consumo popular.