La rutina institucional del fútbol argentino vuelve a quedar bajo la lupa judicial tras el sorpresivo operativo policial concretado en las últimas horas en la histórica sede social de San Lorenzo, ubicada sobre la Avenida La Plata al 1700. La medida responde directamente a una serie de medidas ordenadas por la Justicia en el marco de la causa conocida como Sur Finanzas, una trama que investiga operaciones de ingeniería económica y adelantos de fondos ejecutados durante la administración encabezada por Marcelo Moretti para cubrir urgencias operativas.

De acuerdo con la línea investigativa que conduce el expediente, el club recurría sistemáticamente a esta firma financiera para procurarse liquidez inmediata a cambio de comprometer recursos y flujos de caja futuros. Este mecanismo, diseñado para apagar incendios cotidianos, terminó por asfixiar aún más las cuentas de una entidad que transita un delicado laberinto económico. Los balances oficiales difundidos por la propia dirigencia reflejan un pasivo monumental que trepa hasta los 67.883.991 dólares, una cifra equivalente a casi 99 mil millones de pesos que profundiza el déficit operativo constante y paraliza cualquier planificación a mediano plazo.

Un frente judicial interminable y un plantel profesional al borde del desguace

El impacto de la crisis no se restringe a los pasillos financieros ni a los estrados judiciales por presuntas irregularidades administrativas. La vida diaria del club transcurre entre los tribunales laborales y civiles, donde la institución acumula nada menos que 96 causas abiertas iniciadas por exfutbolistas y cuerpos técnicos que reclaman el cumplimiento de acuerdos económicos firmados durante gestiones anteriores. A esta pesada mochila se suma un panorama deportivo sumamente frágil para el futuro inmediato, ya que la estructura del plantel profesional padece una inestabilidad contractual sin precedentes en la categoría. Del total de 61 vínculos laborales vigentes en la institución, exactamente 30 expiran en el mes de diciembre, lo que anticipa una salida masiva de futbolistas en condición de libertad de acción y sin dejar un solo peso en las arcas del club. Con la mira puesta en recomponer un rumbo financiero extraviado y evitar sanciones deportivas, la conducción azulgrana afronta semanas decisivas mientras la Justicia continúa recolectando documentación en cada rincón de la sede social.