El escenario político nacional ingresó en una zona de turbulencia legislativa luego de que el oficialismo encendiera las alarmas respecto a las consecuencias que acarrearía la eventual derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Desde la Casa Rosada, los portavoces de la administración central advirtieron que la ofensiva impulsada por diversos bloques opositores en la Cámara de Diputados representa un intento de restaurar un esquema de fuertes regulaciones estatales que, según la perspectiva oficial, ya demostró su inviabilidad en el pasado.
La discusión adquiere especial relevancia tras el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la vigencia de los artículos vinculados a la desregulación de la venta de tierras a extranjeros, un punto que había permanecido bajo disputa judicial a partir de planteos impulsados por organizaciones platenses como el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas. Con la convocatoria opositora fijada para mediados de octubre en el recinto de la Cámara baja, el conteo de voluntades se convirtió en el centro de atención de la política parlamentaria. Sectores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda articulan una estrategia para sumar los respaldos necesarios, mientras el oficialismo despliega negociaciones con los mandatarios provinciales para blindar la norma fundacional del actual esquema económico.
Las consecuencias económicas de un posible revés legislativo
En el plano estrictamente operativo, la pérdida de vigencia del megadecreto implicaría modificaciones sustanciales en múltiples sectores de la economía cotidiana. El Gobierno remarcó que una marcha atrás normativa devolvería al mercado inmobiliario las rigurosidades de la antigua ley de alquileres, un régimen que el oficialismo responsabiliza por la retracción de la oferta y la suba constante de los valores locativos en los centros urbanos del país. Asimismo, la administración central enfatizó que volverían a operar los controles de precios en góndolas, los cupos discrecionales para importaciones y exportaciones a través de mecanismos previos como el SIRA, y las restricciones en el mercado de combustibles y telecomunicaciones.
Para el equipo económico, la desregulación instrumentada a finales de 2023 sirvió como piedra basal para el posterior ordenamiento macroeconómico y la sanción de la Ley Bases. Por este motivo, una derrota en el Congreso no solo significaría la caída formal de un instrumento jurídico, sino un golpe político de proporciones inéditas para la gestión libertaria, que mantiene el equilibrio fiscal y la apertura comercial como sus principales banderas de gestión. Las próximas horas serán determinantes para definir si los bloques dialoguistas logran inclinar la balanza en el recinto o si el oficialismo logra retener los apoyos provinciales necesarios para sostener su arquitectura normativa.
