El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. Un grupo de estudiantes pertenecientes a diversas facultades del área metropolitana llevó adelante una medida de fuerza pacífica en el hall de la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, ubicada en el Palacio Pizzurno, para exigir respuestas concretas ante el congelamiento presupuestario y la falta de actualización en las becas destinadas a los alumnos de grado.
La protesta se gestó ante la profundización de la crisis en los claustros, donde las autoridades estudiantiles denuncian un goteo constante de matriculados que deben abandonar sus estudios debido a la imposibilidad económica de sostener los gastos cotidianos. Según detallaron los referentes del movimiento, el poder adquisitivo de los estipendios se encuentra depreciado tras años de postergaciones, mientras que la normativa vigente de financiamiento continúa sin cumplirse de manera efectiva por parte de la administración central. La medida pretendía visibilizar esta urgencia de cara a las próximas movilizaciones federales programadas para octubre.
Una reunión exprés interrumpida por orden ministerial
La dinámica de la jornada cambió drásticamente cuando el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se hizo presente en el edificio para entablar un intercambio con los manifestantes. Sin embargo, el entendimiento duró apenas diez minutos. Una llamada telefónica de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, modificó el escenario de forma radical. Tras atender la comunicación en plena mesa de trabajo, el funcionario comunicó la imposibilidad de continuar con las negociaciones bajo esas condiciones y abandonó el recinto de manera imprevista.
A partir de esa retirada, el clima interno se tornó hostil. Los estudiantes denunciaron agresiones verbales por parte de colaboradores de la cartera educativa y restricciones para mantener comunicación con el exterior, además de advertencias sobre un posible desalojo por la fuerza. En la vía pública, el despliegue de efectivos policiales acrecentó la presión sobre el perímetro del edificio. Desde el sector estudiantil rechazaron rotundamente las acusaciones oficiales que tildaban la acción de toma ilegal, amparándose en el derecho constitucional a la protesta y remarcando que se trató de una permanencia pacífica en demanda de derechos adquiridos. Finalmente, la desconcentración se produjo de manera tensa, con forcejeos que evitaron una confrontación mayor pero que dejaron en evidencia el profundo distanciamiento entre las bases académicas y el Poder Ejecutivo en torno al futuro de la universidad pública.
