La discusión política en la Provincia de Buenos Aires ingresó en un terreno de extrema complejidad debido a la falta de consensos para modificar por la vía legislativa la ley que limita los mandatos de casi ochenta intendentes. Ante este bloqueo institucional, los distintos espacios del oficialismo y de la oposición comenzaron a explorar una salida judicial negociada que combina la cobertura de bancas vacantes en el máximo tribunal de justicia con un compromiso para resolver los recursos de inconstitucionalidad de cara a los comicios de 2027.
El núcleo del conflicto radica en la negativa de sectores internos como La Cámpora, sumados a la postura inflexible del Frente Renovador y de bloques opositores, a tratar de forma aislada cualquier reforma electoral que beneficie a los jefes comunales. Frente a este escenario de parálisis en la Legislatura provincial, la estrategia de los operadores políticos se trasladó hacia los despachos judiciales, donde se advirtió de manera explícita que la Suprema Corte no analizará ningún planteo sobre las intendencias mientras mantenga vacantes la mayoría de sus asientos.
La negociación por los magistrados y el impacto en el mapa judicial
Actualmente, el máximo tribunal funciona con apenas tres de sus siete miembros originales tras la salida de Luis Genoud. En los pasillos de la gobernación bonaerense reconocen que las vacantes constituyen el principal activo de negociación política, cuya aceleración dependerá de obtener garantías absolutas sobre el futuro electoral de los mandatarios locales. Al respecto, fuentes legislativas señalaron que las conversaciones informales incluyen un reparto equilibrado de los cargos a cubrir para destrabar el sistema de contrapesos institucionales.
"La gobernabilidad y la integración de los poderes no pueden quedar rehenes de especulaciones partidarias, pero necesitamos previsibilidad en el funcionamiento del Estado", deslizó un operador cercano a las mesas de discusión en La Plata, al tiempo que advirtió sobre la multiplicidad de intereses cruzados que dificultan la firma de un entendimiento definitivo.
El borrador en danza contempla además que, si se concreta la salida de la jueza Hilda Kogan, una de las sillas liberadas podría recaer en sectores vinculados al PRO mediante la figura del actual Procurador General, lo cual permitiría al Poder Ejecutivo avanzar finalmente en la designación de un nuevo titular para esa cartera clave. Sin embargo, La Cámpora endureció su postura al exigir que cualquier acuerdo sobre la justicia sea tratado en un paquete conjunto que incluya el debate sobre la vigencia de las PASO, la implementación de la boleta única de papel y la posibilidad de un desdoblamiento de los comicios provinciales.
Mientras tanto, desde el massismo ratificaron su rechazo histórico a cualquier habilitación de mandatos indefinidos o reelecciones consecutivas, encontrando puntos de sintonía discursiva con los bloques libertarios. Por su parte, el radicalismo reclamó al Ejecutivo provincial el cumplimiento de los preacuerdos previos y condicionó su voto en el Senado al tratamiento integral de la nómina completa de jueces postulados, dejando el escenario abierto a una negociación contrarreloj antes de que comience a regir el calendario electoral.
