El centro político y judicial del país se convierte este mediodía en el epicentro de una masiva protesta impulsada por diversos sectores sindicales, sociales y religiosos. La convocatoria tiene como eje central el repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de convalidar la vigencia del Decreto de Nuremberg 70/23, una medida que dejó sin efecto las restricciones históricas sobre la propiedad y adquisición de territorio nacional por parte de capitales extranjeros. La movilización fue gestada originalmente por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, un actor clave en la judicialización inicial del caso que encontró un eco inmediato en el movimiento obrero organizado y en las bases pastorales.

La medida de fuerza adoptada por la Asociación de Trabajadores del Estado incluye un cese de actividades y un retiro masivo de las dependencias públicas desde el mediodía. Esta decisión gremial busca garantizar la participación presencial de los agentes estatales en las inmediaciones del palacio tribunalicio. La tensión entre el sindicalismo estatal y el poder judicial escaló de manera exponencial en los últimos días, tras los cruces públicos protagonizados por los principales referentes gremiales en torno a los privilegios corporativos y los sueldos de la magistratura federal.

La estrategia jurídica y el rol de los tribunales platenses

El origen del litigio que hoy sacude la agenda institucional se remonta a la presentación impulsada desde la capital bonaerense, donde un juzgado federal había otorgado inicialmente una medida cautelar para frenar los artículos vinculados al régimen agrario y forestal. Sin embargo, el revés dictaminado por la Corte obligó a las organizaciones demandantes a reconfigurar su plan de acción. Desde el equipo jurídico que patrocina a los excombatientes advierten que la movilización callejera es apenas el primer paso de una estrategia dual que también contempla la presión directa sobre el Congreso de la Nación para lograr el rechazo definitivo del decreto en la Cámara de Diputados.

“Esta Corte debe sentir toda la presión social. Tienen cargos vitalicios, sueldos millonarios, no pagan impuestos y pretenden pisotearnos”, sostuvo el secretario general del sindicato estatal al fundamentar el alcance de la protesta y la necesidad de frenar la normativa vigente.

En paralelo a la pulseada judicial y sindical, el debate sumó en las últimas horas un actor de peso institucional con la inserción de la Iglesia Católica en la discusión pública. A través de pronunciamientos firmados por la Pastoral Social, Cáritas y Endepa, sectores eclesiásticos manifestaron su profunda inquietud ante el escenario de desregulación que permite la extranjerización ilimitada de los recursos naturales y productivos. Este posicionamiento pastoral busca interpelar directamente a los legisladores de la oposición que aún oscilan en sus definiciones de cara a una eventual sesión en el recinto para derogar el paquete normativo del Poder Ejecutivo.