La gestión económica del Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos de mayor voltaje político y judicial tras la presentación de una ampliación de denuncia penal que solicita la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, además del director de la entidad, Juan Curutchet. La medida fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón en el marco de la causa que investiga las operaciones con derivados financieros vinculados a reservas de oro realizadas durante el ejercicio de 2025.

El eje central de la controversia judicial surge luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) diera luz verde al informe sobre los estados contables del organismo monetario correspondientes al año pasado. Dicho documento oficial encendió las alarmas al consignar que las transacciones con derivados financieros, cuyo activo subyacente consistió en reservas áureas, arrojaron un saldo negativo monumental que trepó hasta los 1,469 billones de pesos, una cifra equivalente a unos 1.023 millones de dólares que implicó considerables egresos de divisas para el Estado nacional.

El trasfondo contable y el perjuicio patrimonial bajo la lupa judicial

La presentación formal ante los tribunales remarca la urgencia de esclarecer la trazabilidad de las decisiones económicas, exigiendo determinar con precisión quiénes idearon, autorizaron y ejecutaron las operaciones financieras. Asimismo, la requisitoria pone el foco en la justificación macroeconómica de las maniobras y en el cumplimiento estricto de los deberes legales que incumben a los administradores de los recursos públicos y las reservas internacionales del país. Uno de los puntos más cuestionados por el denunciante es la desproporción entre las primas registradas, que ascendieron a 62,8 millones de dólares, y el resultado negativo final de las opciones, que escaló hasta los 960,2 millones de dólares.

Para fundamentar el pedido de detención preventiva, o subsidiariamente la imposición de restricciones severas como la prohibición de salida del país, la limitación de comunicaciones y la obligación de presentaciones periódicas, el escrito argumenta la existencia de riesgos procesales. Según la postura planteada, la jerarquía y el rol actual de los funcionarios investigados les otorgan acceso directo a documentación sensible y poder de decisión sobre áreas cuyos integrantes podrían ser citados a declarar, lo que configuraría un escenario propicio para el entorpecimiento de la investigación o la alteración de pruebas.

Pruebas requeridas y el impacto político en la agenda oficial

En paralelo al pedido de arresto, la ampliación de la denuncia solicita que la Justicia requiera de manera urgente al Banco Central y a la Auditoría General de la Nación la totalidad de los informes de auditoría, contratos suscriptos, actas de directorio, registros detallados de liquidación, comprobantes de salida de divisas y cualquier tipo de comunicación interna vinculada a las operaciones objetadas. Del mismo modo, se peticionó la preservación absoluta de los registros informáticos y la realización de una pericia contable integral que permita dimensionar la estructura de los instrumentos financieros utilizados y constatar la existencia de un perjuicio patrimonial directo a las arcas públicas.

Las figuras legales invocadas en la presentación comprenden posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y la figura de asociación ilícita. El expediente ahora se encuentra en manos del fuero federal, que deberá evaluar los fundamentos expuestos por el querellante y definir los próximos pasos procesales, incluyendo el análisis sobre una eventual convocatoria a prestar declaración indagatoria para los funcionarios involucrados en el centro de la polémica financiera.