La disputa institucional entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el gobernador Axel Kicillof encabezó una extensa jornada de gestión en el municipio de Carlos Casares. En medio de un escenario económico marcado por el freno total de la inversión federal en infraestructura, el mandatario provincial cuestionó el impacto del ajuste y ratificó la decisión de sostener la obra pública con recursos propios y financiamiento internacional, en una clara señal de confrontación con el modelo que encabeza Javier Milei.

La agenda oficial en el distrito del oeste bonaerense incluyó la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Formación Integral N°1, un edificio destinado a la educación secundaria de jóvenes con discapacidad que demandó una inversión de 240 millones de pesos. En ese marco, rodeado por gran parte de su gabinete —incluidos los ministros Gabriel Katopodis, Juan Martín Mena y Silvina Batakis—, Kicillof apuntó contra las políticas de desinversión en áreas sensibles y sostuvo que el Estado nacional promueve un esquema de abandono deliberado sobre las estructuras públicas.

La disputa por la infraestructura y el rol del Estado

Uno de los ejes centrales de la visita fue el anuncio del inicio de las obras del Acueducto French - Carlos Casares, un proyecto hídrico estratégico que prevé una inversión cercana a los 24.000 millones de pesos financiados a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Con una traza estimada en 30 kilómetros de cañerías, la intervención busca resolver una demanda histórica de suministro de agua potable para los habitantes de la región.

El presidente tiene que entender que las necesidades no desaparecen cuando el Estado se retira, al revés: las obras que se necesitan no las hace ninguna mano invisible; las hacen los trabajadores y trabajadoras con un Estado que planifica e invierte.

Con estas palabras, el titular del Ejecutivo provincial buscó confrontar de manera directa con los postulados económicos libertarios, contraponiendo la parálisis de los proyectos nacionales con la continuidad de la gestión en territorio bonaerense. La estrategia de la Gobernación apunta a consolidar a la provincia de Buenos Aires como un refugio de obra pública en un contexto donde las administraciones municipales sufren el ahogo financiero y la retracción de las partidas discrecionales enviadas desde la Casa Rosada.

Salud, hábitat y un despliegue territorial con fuerte peso político

Además de la infraestructura educativa y hídrica, la recorrida institucional contempló la inauguración de una planta de oxígeno medicinal en el Hospital Municipal Julio F. Ramos, junto con la entrega de viviendas familiares y más de medio millar de escrituras gratuitas en beneficio de vecinos de la comuna. La asistencia provincial también se tradujo en la provisión de equipamiento vial y rodados mediante herramientas financieras como Provincia Leasing, consolidando un esquema de asistencia directo a los distritos que intenta morigerar el impacto de la crisis macroeconómica sobre las economías locales.

El despliegue en Carlos Casares refleja la estrategia política que el mandatario provincial sostiene de cara a los próximos meses, combinando la inauguración de frentes de obra con discursos de fuerte contenido político que buscan polarizar con la gestión federal. Mientras la discusión por el presupuesto, la coparticipación y los fondos para salarios continúa empantanada en el plano legislativo y judicial, la Provincia busca mostrar gestión territorial como herramienta de resistencia política.