El escenario político nacional vuelve a trasladarse de lleno a las calles tras una serie de resoluciones judiciales y parlamentarias que encendieron las alarmas en distintos sectores opositores. Diversas agrupaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos confluyeron en una masiva asamblea en Parque Lezama para diagramar un plan de lucha urgente. La respuesta apunta de manera directa contra el reciente fallo de la Corte Suprema que convalida la extranjerización total de los recursos territoriales, una medida que los organizadores consideran un golpe letal a la soberanía nacional.
Durante el plenario abierto, referentes del arco político opositor insistieron en que la medida adoptada por el máximo tribunal busca destrabar por vía judicial lo que el oficialismo no logró blindar en el Parlamento. Las críticas se multiplicaron hacia la cúpula judicial y hacia la estrategia económica general que encabeza la administración central, en un contexto marcado por fuertes cruces dialécticos entre gobernadores provinciales y ministros del gabinete nacional.
Un calendario de protestas que suma reclamos sectoriales
Los diputados nacionales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, fueron los encargados de detallar el cronograma de movilizaciones previsto para los próximos días. Las acciones comenzarán con una concentración frente al Palacio de Tribunales para repudiar la habilitación de la venta de tierras a capitales extranjeros, y continuarán con una fuerte pulseada legislativa frente al recinto parlamentario.
“Esa fuerza que se expresó en la calle frente al Senado y que se volvió a replicar en todo el país en la Marcha de la Bronca la tenemos que volver a desatar”, señalaron los legisladores nacionales al convocar a la ciudadanía.
El punto cúspide de la protesta está fijado para mediados de mes coincidiendo con una sesión clave en la Cámara de Diputados orientada a rechazar el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. A este reclamo se sumará de manera simultánea la comunidad universitaria, que reclama la efectiva implementación de la ley de financiamiento para las casas de altos estudios, junto con colectivos de jubilados y organizaciones de personas con discapacidad.
Ante este panorama de conflictividad en ascenso, los referentes de izquierda exigieron a las principales centrales sindicales del país que dejen de lado la pasividad institucional y anuncien un paro nacional activo. La intención es unificar todas las demandas sectoriales en una misma jornada de protesta para frenar el rumbo económico y social implementado por el Ejecutivo nacional.
