El cruce entre organizaciones sociales y la cúpula gubernamental escaló de manera significativa en las últimas horas, luego de que el Foro Permanente Discapacidad saliera a desmentir y repudiar las declaraciones del asesor presidencial Santiago Caputo. La disputa se da en medio de las gestiones parlamentarias y territoriales para lograr la prórroga de la Ley de Emergencia en el sector, un tema que moviliza a familias enteras y profesionales de la salud en todo el país y que genera profunda preocupación en la región.

El foco de la controversia se encendió cuando el funcionario libertario aseguró públicamente que aproximadamente el 60 por ciento de las pensiones por invalidez vigentes tienen algún tipo de irregularidad o responden a maniobras fraudulentas. Ante esta afirmación, la entidad sectorial exigió de manera formal la presentación inmediata de la documentación técnica que respalde dichos porcentajes, recordando que las auditorías oficiales realizadas hasta la fecha no arrojaron esos resultados.

La respuesta institucional y el debate sobre la pobreza

Los referentes del espacio manifestaron su indignación ante los dichos que vinculan la entrega de beneficios con favores de la política partidaria. En esa línea, cuestionaron los paralelismos trazados por el oficialismo respecto a los índices de beneficiarios en comparación con naciones que atravesaron conflictos bélicos directos en su territorio.

"Señor Caputo, si bien es cierto que una guerra produce graves daños, también la pobreza genera esto. Ella, sin tanto ruido, impide que niños accedan a una buena alimentación desde su gestación y durante los primeros meses de vida", señalaron desde el Foro a través de un comunicado conjunto.

Asimismo, los organizadores advirtieron que la estrategia comunicacional de la administración central busca instalar un manto de sospecha sobre un sector sumamente vulnerable. Desde la perspectiva de las organizaciones, desestimar el impacto socioeconómico de la indigencia y la falta de recursos básicos invisibiliza una problemática estructural que afecta a millones de argentinos que dependen de estas asistencias para cubrir tratamientos, medicamentos y elementos indispensables para su desarrollo cotidiano.