La reasunción de Guillermo Montenegro en la intendencia de General Pueyrredón desató una crisis institucional y legislativa que expuso las fragilidades en los mecanismos de reemplazo de cargos ejecutivos y parlamentarios. El dirigente formalizó su salida de la Cámara Alta mediante una nota dirigida a la vicegobernadora Verónica Magario, en la que solicitó una licencia extraordinaria con el objetivo de retornar de manera formal al sillón principal del municipio costero. Sin embargo, los tiempos administrativos chocaron con la dinámica política, generando un escenario de fuerte fricción que involucra tanto a la administración provincial como al mapa de fuerzas dentro del recinto.
El expediente ingresó para su tratamiento en la sesión ordinaria, donde debía definirse el aval formal para su salida y la posterior jura de su reemplazante, la tandilense María Luján Fiego. A pesar de que el trámite reglamentario exige la aprobación previa del cuerpo, Montenegro se adelantó a los acontecimientos y participó de manera presencial en un acto oficial en Mar del Plata, presentándose como jefe comunal antes de que el plenario legislativo convalidara su licencia. Esa jugada anticipada profundizó los cortocircuitos internos en el espacio político local, evidenciados en la ausencia de Agustín Neme, quien se desempeñaba como intendente interino y cuyos pasos futuros quedaron envueltos en interrogantes tras el desplazamiento.
Una doble función en simultáneo y el trasfondo normativo
La anomalía institucional sumó un capítulo insólito cuando, en la misma jornada en que operaba como intendente en funciones en su distrito, Montenegro se conectó de manera remota para participar de una reunión de la comisión de Legislación General. Esta superposición de roles recordó antecedentes recientes en el cuerpo legislativo, donde otros dirigentes también transitaron zonas grises reglamentarias al combinar responsabilidades ejecutivas y bancas parlamentarias sin la convalidación inmediata del pleno. La repetición de estas situaciones vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre las incompatibilidades de funciones y el uso de las licencias extraordinarias.
Paralelamente, en los despachos de la Legislatura bonaerense se libró una negociación compleja. El bloque de La Libertad Avanza asumió una postura inflexible frente al pedido elevado por el dirigente del PRO. Con el ingreso de Fiego, el espacio libertario consolidó una masa crítica de once bancas en la Cámara Alta y redobló la apuesta al exigir que la salida del exministro de Seguridad no se canalice a través de una licencia, sino mediante la renuncia definitiva a su escaño, cerrando la puerta a un eventual retorno futuro que altere el equilibrio de fuerzas.
La pulseada por los espacios de poder
La discusión sobre el futuro de la banca vacante se convirtió en el eje de una disputa mayor por los resortes de conducción institucional. Ante la resistencia a convalidar la licencia en los términos planteados, el sector libertario advirtió que utilizará su volumen político para disputar lugares estratégicos en la línea sucesoria de la Cámara, apuntando directamente a espacios de relevancia que actualmente responden al kicillofismo. Esta puja evidencia que la salida de un dirigente del distrito balneario opera como un dominó que altera las negociaciones presupuestarias y legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Mientras se definen los números finos en el recinto, el episodio desnuda la persistencia de vacíos reglamentarios que permiten a los dirigentes transitar la cornisa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La resolución de este conflicto no solo determinará la conformación final de los bloques en la recta final del año parlamentario, sino que sentará un precedente sobre el costo político de desdoblar funciones en el Estado bonaerense.
