Una masiva movilización encabezada por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata junto a centrales sindicales y mesas de derechos humanos copó este martes las inmediaciones de Plaza Lavalle, frente a los Tribunales nacionales, para manifestar su más enérgico repudio al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. La protesta se enmarcó bajo la consigna central de defensa de la soberanía territorial y el rechazo a la habilitación judicial que facilita la compra masiva de tierras productivas por parte de capitales extranjeros en el territorio nacional.

El detonante de la manifestación fue la decisión del máximo tribunal de convalidar de manera indirecta aspectos centrales del Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por la administración central, específicamente en lo que refiere a la derogación de la Ley de Tierras. Dicha normativa imponía un tope estricto del quince por ciento a la titularidad de dominio extranjero sobre parcelas rurales en todo el país, un resguardo legal que operaba como barrera frente a la concentración y la especulación inmobiliaria transnacional en zonas consideradas estratégicas para la seguridad alimentaria y geopolítica.

El trasfondo judicial y la disputa por la soberanía

Durante la lectura del documento consensuado frente al Palacio de Justicia, los referentes gremiales y sociales hicieron hincapié en la gravedad institucional de la resolución judicial. Los magistrados optaron por resolver la controversia bajo criterios estrictamente procesales, desestimando la legitimación activa de los excombatientes para frenar la normativa, lo cual dejó sin efecto las medidas cautelares que protegían el régimen de dominio nacional y abrió el juego a la desregulación económica pretendida por el Poder Ejecutivo.

La defensa del territorio exige participación popular y acceso a la Justicia; la soberanía pierde fuerza cuando se aleja de las decisiones que comprometen el futuro del país.

Desde la perspectiva de las organizaciones convocantes, la flexibilización en el control de la propiedad rural no solo vulnera mandatos constitucionales básicos vinculados al arraigo y la producción local, sino que retrotrae al país a escenarios de extranjerización de recursos naturales que ya habían sido debatidos y regulados históricamente por el Congreso de la Nación. Los organizadores advirtieron que la pérdida de trazabilidad sobre quiénes detentan la titularidad de los campos argentinos debilita la capacidad soberana de planificación a largo plazo.

La jornada de protesta dejó en evidencia el malestar latente en sectores gremiales y sociales de la región frente a la política económica general y anticipa un incremento de la litigiosidad y la movilización callejera en defensa de los marcos regulatorios vigentes, mientras los equipos legales de las entidades damnificadas evalúan nuevos recursos y estrategias para intentar revertir los efectos del fallo en las instancias que aún permanezcan abiertas.