El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego avanzó con una sanción económica contra la presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, Analía Inés Cubino, tras constatar la falta de respuestas formales ante múltiples requerimientos vinculados a una contratación directa por casi 92 millones de pesos destinada a servicios informáticos. La medida disciplinaria expone las tensiones recurrentes entre los órganos de control fiscal y las estructuras ministeriales del Ejecutivo provincial que encabeza Gustavo Melella, en un escenario donde los procedimientos excepcionales de contratación continúan bajo la lupa institucional.

La penalización quedó establecida a principios de septiembre mediante la resolución plenaria 143/2026, la cual fijó un descuento equivalente al cinco por ciento de la remuneración bruta mensual de la funcionaria, exceptuando las asignaciones familiares. El fundamento central de la medida no recae de forma directa sobre un daño patrimonial consumado, sino sobre la resistencia administrativa a efectuar los descargos obligatorios requeridos por los auditores provinciales respecto a una operación formalizada a finales de diciembre de 2024.

Las objeciones técnicas y financieras de la contratación

La operación cuestionada involucró un monto total de 91.981.829,11 pesos adjudicado a la firma ACSYS SA para garantizar licencias de mantenimiento y soporte técnico en soluciones de ciberseguridad por un período trienal. No obstante, el análisis técnico posterior advirtió que la justificación basada en una contratación directa por exclusividad carecía de sustento documental sólido, ya que si bien la empresa acreditó ser revendedor autorizado, el propio certificado admitía la existencia de canales alternativos en el mercado.

Asimismo, los auditores señalaron la ausencia de cotizaciones comparativas que justificaran la conveniencia económica de la oferta única, detectando además una variación al alza del 4,65 por ciento en comparación con un expediente anterior dado de baja. A estas observaciones se sumaron irregularidades procedimentales, como la falta de publicación de informes técnicos obligatorios y la concentración de etapas decisorias en una misma dependencia, vulnerando los principios básicos de división de funciones y control interno.

Antecedentes de gestión y la dinámica de los controles públicos

El expediente actual no constituye un hecho aislado dentro de la trayectoria administrativa de la funcionaria sancionada. Revisiones documentales previas del mismo tribunal ya habían expuesto observaciones sobre la utilización de mecanismos excepcionales para abonar servicios mediante reconocimientos de gastos, como ocurrió con contrataciones previas destinadas a la Fábrica de Talentos de Ushuaia, donde se cuestionó la omisión de los circuitos regulares de licitación a pesar de no registrarse un perjuicio fiscal directo.

La continuidad de estos apercibimientos por parte del organismo contralor marca un precedente estricto en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración fueguina. Las normativas internas contemplan que la persistencia en el incumplimiento de los requerimientos formales derive en sanciones pecuniarias incrementadas, elevando la presión institucional sobre las carteras encargadas de ejecutar partidas presupuestarias en áreas tecnológicas y de servicios digitales.