El conflicto por la operación de las aplicaciones de transporte de pasajeros en el casco urbano sumó un nuevo capítulo institucional, luego de que el tema ingresara de lleno en el debate del Concejo Deliberante y desatara cruces verbales entre los distintos bloques políticos. La discusión legislativa se activó a partir del envío a comisiones de un expediente que promueve la intervención de la Secretaría de Seguridad municipal para endurecer las fiscalizaciones contra el denominado transporte ilegal, una modalidad de operativos que mantiene en alerta a los conductores particulares desde hace varios meses.
Durante la última sesión ordinaria, el tratamiento del sumario dirigido a la comisión de Transporte derivó en un encendido intercambio de argumentos. Por un lado, sectores opositores cuestionaron con dureza los procedimientos callejeros conocidos informalmente como operativos de caza, al considerar que coartan la posibilidad de subsistencia de miles de familias en un escenario económico adverso. En esa línea, se advirtió sobre el temor cotidiano que enfrentan quienes utilizan plataformas digitales ante el riesgo de sufrir el secuestro de sus vehículos, una medida que genera pérdidas económicas difíciles de revertir para los propietarios de los rodados.
Entre el vacío normativo y la presión gremial
La discusión también dejó al descubierto las diferentes visiones sobre cómo abordar una actividad que opera en un vacío regulatorio a nivel local. Mientras algunos sectores reclamaron esquemas normativos flexibles que eviten el hiperregulacionismo estatal y la consecuente burocracia, otros espacios insistieron en la necesidad de establecer reglas claras para equiparar las condiciones con el sector tradicional de taxis y remises. Los puntos centrales de divergencia pasan por la exigencia de garantías mínimas de seguridad para los pasajeros, la revisión técnica de las unidades y la tributación correspondiente, aspectos que hasta el momento no encuentran un punto de equilibrio consensuado.
Por su parte, desde el oficialismo local remarcaron la urgencia de analizar el fenómeno de la movilidad urbana en consonancia con la coyuntura macroeconómica nacional. Los ediles del bloque gobernante señalaron que la retracción del empleo formal registrada en los últimos meses impulsó un crecimiento exponencial del monotributo y del trabajo informal, convirtiendo a las aplicaciones en un refugio laboral de emergencia para una porción significativa de la población. Para esta postura, cualquier solución legislativa requiere un abordaje integral que contemple tanto la subsistencia de los choferes particulares como la preservación de la fuente laboral de los taxistas tradicionales.
Operativos en puntos estratégicos y clima social
La disputa política en el palacio legislativo coincide con la intensificación de los controles callejeros ejecutados por la comuna. En las últimas semanas, las fiscalizaciones se multiplicaron en zonas neurálgicas de la capital provincial, tales como la Terminal de Ómnibus y las inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, donde agentes de fiscalización y efectivos policiales procedieron a la retención de decenas de vehículos vinculados a plataformas como Uber, DiDi y Cabify.
Estos procedimientos responden a los reclamos formales presentados por las entidades que nuclean a los conductores de taxis, quienes semanas atrás protagonizaron movilizaciones hacia el municipio para exigir medidas más drásticas contra la competencia desleal. La tensión en las calles continúa latente, alimentada por denuncias cruzadas de agresiones y acciones extorsivas entre ambos sectores, mientras el cuerpo deliberativo dilata la sanción de una ordenanza que logre ordenar definitivamente el tránsito y el servicio público en la región.
