El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ratificó una serie de sanciones económicas y administrativas contra el intendente del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza, y varios de sus principales colaboradores. La medida se conoció tras el análisis de un recurso de revisión presentado por los propios funcionarios locales, el cual buscaba revertir las penalidades impuestas inicialmente a mediados de 2024 por fallas detectadas en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Lejos de disolver las observaciones, el organismo de control determinó que los descargos presentados por la administración comunal resultaron insuficientes para subsanar los incumplimientos legales y contables documentados durante el periodo analizado.

El fallo mantuvo firme una multa de 200 mil pesos para el jefe comunal, además de penalidades económicas para el contador municipal Claudio Fernando Aulicino y amonestaciones para el tesorero Juan Ignacio Farías y la directora General de Personal, Elizabeth Vanesa Coleur. Asimismo, alcanzaron llamados de atención al secretario de Economía y Hacienda, Marcelo Darío Giampaoli, y a la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Alejandra Pintos. La revisión exhaustiva de los expedientes expuso una cadena de desprolijidades administrativas, que incluyeron información tributaria incompleta, presentaciones fuera de término y registros bancarios que no cumplían con las normativas vigentes establecidas para la gestión de los fondos públicos.

Las fallas contables y la respuesta oficial

Entre los cuestionamientos principales que debió afrontar la administración matancera figuró la omisión en el envío completo del listado semestral de contribuyentes y la tardanza en la presentación de informes sobre el cumplimiento de los programas de gobierno. A esto se sumaron libros bancarios del primer y tercer trimestre con hojas faltantes y sin la correlatividad exigida, además de demoras reiteradas en las declaraciones juradas web de los funcionarios. En el plano estrictamente contable, el Tribunal documentó una diferencia de más de 48 millones de pesos entre el acta de arqueo de caja y el estado de composición del saldo al cierre del ejercicio, un desfasaje que el municipio intentó justificar mediante comisiones bancarias pendientes de registro que no convencieron a los auditores.

Desde el equipo legal y técnico del municipio sostuvieron que los contratiempos respondieron a demoras operativas en la implementación de sistemas propios de digitalización y aseguraron que ninguna de las observaciones implicó un perjuicio patrimonial para las arcas comunales ni un faltante real de dinero.

“El incumplimiento subsistió y las constancias remitidas continuaron siendo incompletas”, determinó el Tribunal de Cuentas en la resolución que fijó un plazo estricto de noventa días para depositar los importes de las multas y comunicar la decisión formal al Ministerio de Gobierno bonaerense.
A pesar de la confirmación de las sanciones, la gestión municipal logró un resultado favorable puntual al conseguir que se deje sin efecto un cargo económico solidario de casi 680 mil pesos que pesaba sobre el intendente y otros dos funcionarios, aunque el alivio parcial no logró evitar el impacto político y administrativo del fallo.