El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ratificó sanciones económicas contra la administración del intendente de Balcarce, Esteban Reino, tras rechazar los recursos de revisión presentados por el jefe comunal y otros dos funcionarios de su gabinete. La medida se desprende de un análisis financiero que dejó al descubierto un desequilibrio fiscal de proporciones monumentales en el hospital subzonal Doctor Felipe A. Fossati, un establecimiento clave para la región que cerró su ejercicio contable con un rojo acumulado que trepó hasta los 1.618.212.990 pesos, encendiendo las alarmas en el organismo de control provincial.

Mediante una resolución formal fechada en los últimos días de septiembre, el cuerpo colegiado mantuvo vigentes las multas individuales de 280 mil pesos que recaen tanto sobre el mandatario comunal como sobre el secretario de Hacienda, Francisco Martín Ridao, y el director del centro de salud, Gabriel Alejandro Angelini. A su vez, se estableció un plazo perentorio de noventa días para que los funcionarios depositen los importes correspondientes, aunque la resolución abre la puerta a una eventual vía de impugnación judicial si deciden elevar el pleito a los tribunales contencioso administrativos.

El expediente detalla que las alertas internas dentro del propio hospital no tardaron en llegar. Tanto la contadora como la tesorera de la institución habían elevado informes periódicos advirtiendo sobre la magnitud del déficit estimado al cierre de cada mes. Incluso, la contadora del establecimiento dejó constancia documental de que diversas órdenes de pago presupuestarias fueron inicialmente observadas debido a claros incumplimientos normativos, las cuales terminaron siendo abonadas de todos modos por insistencia directa de la dirección del hospital.

La tensión entre las cuentas públicas y la demanda sanitaria

Frente a las requisitorias del Tribunal, los funcionarios involucrados articularon una defensa centrada en la urgencia social y el colapso operativo. Sostuvieron que priorizaron la atención médica de la población por encima de la rigidez contable, argumentando un incremento exponencial en los costos de insumos y una suba notable en la cantidad de pacientes que carecían de cobertura médica prepaga u obra social. Según las estadísticas presentadas en el descargo oficial, las consultas ambulatorias de personas desprotegidas de asistencia privada escalaron desde las 182.241 registradas en 2023 hasta los fatídicos 245.088 casos computados a lo largo de 2024.

En su presentación, la comitiva municipal también apuntó contra los aranceles atrasados y las demoras crónicas en los pagos por parte de las obras sociales, poniendo como ejemplo paradigmático que la obra social provincial IOMA abonaba apenas 4.513 pesos por un traslado en ambulancia hacia Mar del Plata cuyo costo real de mercado ascendía a 472.500 pesos. A criterio de los ejecutivos locales, mantener el equilibrio fiscal bajo semejantes distorsiones tarifarias resultaba una misión incompatible con la obligación elemental de garantizar la continuidad de las prestaciones sanitarias esenciales en el distrito.

Sin embargo, el organismo de contralor evaluó que, si bien el contexto macroeconómico y la presión asistencial resultaban comprensibles, la administración comunal tenía la responsabilidad legal ineludible de garantizar la sustentabilidad financiera de la institución. Los auditores recordaron que los desequilibrios económicos ya figuraban en observaciones de ejercicios anteriores, constituyendo un antecedente insoslayable. Aunque la gestión municipal intentó morigerar el impacto presentando un plan de saneamiento financiero proyectado para el trienio 2025-2027, el Tribunal desestimó el argumento por haber sido introducido de manera tardía, dejando firme la sanción y marcando un límite estricto al manejo de los fondos públicos en el sistema de salud municipal.