El mercado inmobiliario informal en la región suma un nuevo capítulo de tensión y sospechas judiciales. Las denuncias por desarrollos urbanísticos comercializados sin los avales legales correspondientes y bajo promesas incumplidas se multiplican en los partidos del eje fundacional, afectando a decenas de familias que destinaron sus ahorros al sueño de la vivienda propia. En el centro de las críticas actuales se encuentra el emprendimiento conocido como Pinares del Oeste, ubicado en la localidad de Lisandro Olmos, donde los compradores descubrieron una trama de relaciones comerciales cruzadas que compromete a varios actores señalados por presuntas estafas.
El conflicto escaló cuando los damnificados comenzaron a indagar sobre las firmas y las personas detrás de la empresa Urban Work, la desarrolladora a cargo de Pablo Alejandro Ferreyra. Según los testimonios recopilados entre los vecinos, la operatoria inicial incluyó la venta de 198 lotes bajo condiciones que distan de la realidad actual del predio, donde las obras de infraestructura prometidas y el acceso a los servicios esenciales continúan demorados o directamente paralizados. Las familias afectadas sostienen que la estrategia comercial estuvo diseñada para diluir responsabilidades y ocultar los verdaderos nexos entre los comercializadores y los responsables constructivos.
La estrategia del deslinde y las contradicciones expuestas
Uno de los puntos más controvertidos del expediente vecinal gira en torno a la figura de Damián Simonetti. De acuerdo con los relatos de los compradores, Simonetti se acercó en una primera instancia a los propietarios presentándose como un damnificado más de la desarrolladora. Incluso llegó a manifestar en reuniones públicas que la empresa constructora había incumplido los compromisos asumidos con él, intentando así posicionarse del mismo lado del mostrador que las familias afectadas.
Sin embargo, esa fachada comenzó a derrumbarse con el correr de las semanas y la aparición de registros en audio aportados por exempleados de la firma comercializadora. Los testimonios indican que, lejos de ser un tercero perjudicado, Damián Simonetti mantendría vínculos societarios con Urban Work.
“Él en una reunión con nosotros nos dice que Urban no cumplió con lo que le prometieron, para desligarse de la constructora. Damián, en lugar de defendernos a nosotros, terminó defendiendo a Urban”, apuntó uno de los perjudicados al reconstruir el punto de inflexión en el vínculo con los compradores.
Redes familiares y antecedentes bajo la lupa judicial
La complejidad del caso aumenta al examinar el entramado de parentescos y las conexiones con otras causas que sacuden al sector inmobiliario platense. Damián Simonetti es primo de Maximiliano Simonetti, un nombre que ya figura en los tribunales locales junto a Jimena Aguilera en el marco de una investigación penal por presuntas estafas y ejercicio ilegal de la intermediación inmobiliaria, vinculada a operaciones con documentación falsa en propiedades del casco urbano.
En el loteo de Lisandro Olmos, la presencia de Jimena Aguilera también genera interrogantes. Los vecinos afirman que operó inicialmente como vendedora de terrenos y que luego intentó posicionarse como administradora del barrio bajo el amparo de la misma desarrolladora. La revelación tardía sobre los lazos familiares y comerciales entre Aguilera y los Simonetti profundizó la desconfianza de los propietarios, quienes ahora exigen que la justicia investigue el rol exacto de cada uno en la cadena de comercialización. Mientras los damnificados organizan nuevas medidas para visibilizar el reclamo y exigir respuestas administrativas, el caso expone una vez más las debilidades en los controles sobre los loteos clandestinos y la actuación de operadores que operan al margen de los colegios profesionales correspondientes.
