La administración central dio un paso clave en el esquema de supervisión fluvial al formalizar la puesta en marcha del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un espacio multidisciplinario diseñado para monitorear el funcionamiento, las inversiones y el mantenimiento de la hidrovía. A través de la Resolución 59/26 emitida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Ejecutivo estableció los lineamientos operativos y fijó un plazo estricto de diez días corridos para que las jurisdicciones involucradas comuniquen los nombres de sus representantes oficiales.

La nueva estructura de fiscalización congregará a seis administraciones provinciales, media docena de cámaras empresarias, dos organizaciones sindicales, además de fuerzas de seguridad y organismos técnicos especializados. En el plano geográfico, la convocatoria logró la adhesión formal de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa y la propia provincia de Buenos Aires, mientras que Chaco figura entre los distritos invitados aunque todavía no completó su respuesta formal ante las autoridades regulatorias.

Un tablero complejo y disputas por el perfil técnico

Desde la perspectiva de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el objetivo central de este cuerpo colegiado radica en constituirse como un canal permanente de diálogo y seguimiento técnico, donde se evalúen los volúmenes de tráfico, el estado de las trazas y la ejecución de las obras prioritarias. Para cumplir con ese propósito, el esquema normativo prevé la realización de plenarios de carácter bimestral, complementados por mesas de trabajo especializadas encargadas de procesar las exigencias operativas y los reclamos del sector productivo.

La integración empresarial refleja el peso específico de los actores involucrados en el comercio exterior y el transporte de materias primas. Entre las entidades con silla asegurada figuran la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata. A su vez, el sector gremial y técnico estará representado por el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval.

La administración bonaerense confirmó su participación institucional en el organismo, aunque las áreas gubernamentales correspondientes admitieron que la designación del funcionario que ocupará el asiento todavía se encuentra en etapa de evaluación interna y se resolverá antes de que expire el plazo legal.

Con el reloj corriendo para cumplir con la exigencia administrativa, la definición sobre quién representará los intereses bonaerenses en la estratégica ruta fluvial genera expectativas en los despachos oficiales, dado el impacto directo que la operatividad del sistema de navegación posee sobre los puertos ubicados en el litoral marítimo y fluvial de la provincia.