La detención de un hombre de 33 años en Berisso tras una nueva agresión contra su expareja vuelve a poner en discusión la eficacia de las medidas cautelares y los mecanismos estatales de supervisión. El episodio ocurrió este fin de semana, cuando efectivos del Comando de Patrullas debieron intervenir de urgencia ante un llamado que alertaba sobre una situación de violencia en curso dentro de la jurisdicción ribereña. Al arribar al domicilio, los uniformados constataron que la mujer presentaba lesiones visibles en los labios y en las manos, y de inmediato procedieron a la aprehensión del agresor, quien tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a menos de 500 metros.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°7, bajo una calificación preliminar que contempla los delitos de desobediencia y lesiones doblemente agravadas. Más allá del curso judicial que afrontará el acusado en los próximos días, el suceso deja al descubierto interrogantes estructurales sobre la prevención y el cumplimiento efectivo de las restricciones de acercamiento dictadas por la Justicia. Una resolución de esta naturaleza establece formalmente una obligación legal, pero el caso de Berisso reactiva el debate sobre cómo se detecta el quebrantamiento de esa orden antes de que la víctima vuelva a quedar expuesta a una agresión física.

La distancia entre el papel y la realidad del monitoreo

Hasta el momento no trascendieron detalles públicos respecto a cuál fue el juzgado que dictó la medida original, la fecha en la que comenzó a regir, ni el resultado de las evaluaciones de riesgo practicadas en su momento. Tampoco se informó si la víctima contaba con un botón antipánico operativo, si existían antecedentes de denuncias previas por incumplimiento o si se había solicitado la implementación de un sistema de monitoreo telemático. En la provincia de Buenos Aires existe el Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico, una herramienta diseñada específicamente para situaciones judicializadas de alto riesgo que habilita el uso de dispositivos duales para supervisar en tiempo real que no se vulneren los perímetros establecidos.

Sin embargo, la utilización de estas tecnologías responde a criterios estrictos de evaluación y disponibilidad de equipos, lo que muchas veces limita su aplicación masiva. Mientras una perimetral tradicional confía en el cumplimiento voluntario del agresor y en la reacción posterior de la fuerza de seguridad, los dispositivos de rastreo electrónico generan alertas automáticas ante el ingreso a zonas de exclusión. El episodio registrado en Berisso obliga a replantear si los recursos de control actuales resultan suficientes para contener situaciones donde la distancia fijada en un papel resulta ser una barrera demasiado frágil frente a la renuencia del violento, dejando al descubierto la necesidad de auditar cuántas medidas similares operan en la región sin el acompañamiento tecnológico adecuado.