La expansión de las herramientas de inteligencia artificial generativa abrió un flanco crítico en la convivencia escolar y expuso a niñas y adolescentes a nuevas formas de violencia digital. En las últimas semanas, episodios registrados en establecimientos educativos donde alumnos alteraron fotografías de compañeras para comercializarlas en plataformas virtuales volvieron a poner en evidencia una problemática que combina el avance tecnológico con patrones culturales arraigados de hostigamiento.

Frente a este escenario, organizaciones especializadas en la materia señalan que la manipulación de imágenes para simular desnudez sin consentimiento —práctica conceptualizada bajo términos como deepnude o nudificación— no constituye un fenómeno aislado ni una simple travesura tecnológica, sino una manifestación grave de violencia por razones de género dentro de las comunidades educativas.

La instrumentalización de menores y el vacío normativo

Durante una reciente intervención pública, el referente de Grooming Argentina, Hernán Navarro, alertó sobre la necesidad de dimensionar el alcance de estas conductas y advirtió sobre el riesgo de que los menores sean instrumentalizados por circuitos digitales más amplios.

"No estamos frente a una moda tecnológica ni a bromas individuales. Estamos frente al riesgo de que los propios adolescentes se conviertan en el brazo ejecutor de redes criminales vinculadas con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes", sostuvo el especialista.

El debate también pone bajo la lupa las limitaciones del marco jurídico actual. Desde el ámbito legal se reconoce que, si bien existen normativas protectoras de la infancia, las figuras penales tradicionales encuentran dificultades para tipificar con precisión la generación sintética de contenidos íntimos cuando los rostros son superpuestos sobre representaciones virtuales. Por este motivo, juristas y especialistas insisten en la vía civil para comprometer la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores involucrados, además de exigir una adecuación legislativa urgente en el Congreso.

Asimismo, los expertos apuntan a la responsabilidad empresarial en el diseño de software. Reclaman que las compañías desarrolladoras de inteligencia artificial implementen vallas de seguridad nativas y mecanismos de remoción ágiles que eviten la viralización de material lesivo. En paralelo, remarcan que el abordaje requiere políticas públicas sostenidas, la actualización de los protocolos escolares y un rol activo de las familias basado en el diálogo temprano sobre el uso de la tecnología y el respeto por el consentimiento.