La irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa sin marcos regulatorios claros ni contención pedagógica adecuada continúa exponiendo su cara más oscura en el ámbito educativo bonaerense. Lo que inicialmente se visibilizó en distritos del sur del conurbano escaló con idéntica gravedad en el partido de Ituzaingó, donde un grupo de alumnos de nivel secundario utilizó aplicaciones de manipulación digital para adulterar fotografías cotidianas de sus compañeras de clases, transformándolas en material de índole sexual. El caso no solo desnuda una preocupante vulneración a la intimidad y la integridad de las menores afectadas, sino que incorpora un componente mercantilista al haberse constatado la comercialización clandestina de dichos contenidos falsificados dentro de la propia comunidad escolar.

La denuncia formal, radicada inicialmente por una familia damnificada en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó y respaldada posteriormente por la propia dirección del establecimiento privado Thomas Alva Edison, puso en marcha una investigación judicial que tramita en los tribunales de Morón. De acuerdo con los primeros elementos recolectados en el expediente, la maniobra delictiva afectó a jóvenes de entre quince y dieciséis años, e incluso alcanzó a una niña de apenas siete años que cursa sus estudios primarios en la misma institución. El entramado salió a la luz de manera insólita cuando uno de los involucrados en el acoso decidió romper el pacto de silencio y delatar a sus pares tras haber quedado marginado del reparto de las ganancias económicas obtenidas mediante la venta del material generado artificialmente.

Un protocolo de crisis institucional y el debate urgente sobre la soberanía digital

Ante la magnitud del episodio, las autoridades del colegio activaron de manera inmediata los protocolos de actuación interna y emitieron un comunicado dirigido a las familias para advertir sobre la gravedad del escenario de conflicto planteado. En el mensaje institucional, la conducción reconoció que la problemática se originó en el cuarto año del secundario, aunque la investigación interna arrojó la existencia de ramificaciones que involucran a estudiantes de otros cursos. Como medida preventiva de carácter urgente, los cuatro alumnos señalados como responsables directos de la creación y distribución de las imágenes fueron apartados de la asistencia presencial a clases, mientras la institución organizó jornadas obligatorias de reflexión y contención comunitaria para abordar las pautas de convivencia en entornos virtuales.

El episodio registrado en el conurbano bonaerense vuelve a colocar en el centro de la agenda pública la urgencia de repensar los límites éticos del uso tecnológico entre adolescentes y la necesidad imperiosa de incorporar la alfabetización digital con perspectiva de género en las currículas escolares. La utilización de algoritmos para violentar la intimidad de niñas y adolescentes representa una mutación sofisticada de las agresiones históricas, donde el anonimato aparentado de las pantallas y la facilidad de acceso a herramientas de edición masiva convierten la privacidad ajena en un bien de consumo. Mientras la justicia federal y provincial debate los encuadres legales para este tipo de delitos informáticos, las comunidades educativas intentan dar respuesta a un fenómeno que avanza con mayor velocidad que las normativas de contención.